La gota que derramó el vaso fue la deportación salvaje de 16 menores de edad, sin acompañamiento de sus representantes y algunos en edad de lactancia.
Desde hace tiempo se conoce la postura de los funcionarios del régimen trinitario, quienes han hecho caso omiso a las solicitudes de ACNUR para que respeten las convenciones y pactos internacionales sobre derechos humanos y refugiados, a lo cual, han respondido que ellos no tienen porque hacerlo y que su país es soberano.
El caso fue denunciado por la prensa libre en la isla caribeña.
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