La ONU alerta sobre la impunidad de los crímenes contra los periodistas en México

El panorama para los periodistas en México es cada vez más desolador. Las agresiones y las amenazas en su contra se han incrementado sin que la Fiscalía especializada para la atención de delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) haya logrado castigar a los culpables de los asesinatos y las desapariciones en estos últimos siete años, concluyeron los relatores especiales sobre libertad de expresión para las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los expertos, que durante una semana se reunieron con más de 250 periodistas y activistas de 21 estados del país, propusieron al Gobierno mexicano la creación de un consejo independiente que le dé seguimiento a los casos de crímenes contra periodistas a fin de acabar con la impunidad.

La última visita de los titulares de las relatorías de la ONU y la CIDH fue en el año 2010. Edison Lanza, de la CIDH, recordó que entonces sus antecesores le habían recomendado al Gobierno mexicano la construcción de instituciones para atender la violencia contra los comunicadores. En atención a estas sugerencias en 2012 se creó el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Aunque el mecanismo está funcionando, alertó que tardó en ponerse en marcha y que recibe recursos insuficientes. “El mecanismo necesita más recursos, es absurdo que para la disminución del problema tenga los recursos que tenga, debe tener más analistas de riesgo, y algunos de ellos radicados en los lugares más sensibles”, manifestó.

El relator también destacó que el mecanismo debe brindar una atención integral a los periodistas desplazados y para ello pidió la colaboración de los propietarios de medios de comunicación. “Cuando un periodista desplazado por la violencia, logra salir de la primera situación crítica, luego pierde el trabajo y eso es inaceptable”, expuso. Si esa persona fue desplazada por cubrir una situación de riesgo para un medio de comunicación, la empresa debe mantenerlo y darle otras tareas, mientras que el Estado debe brindar una atención integral a él y su familia.

Uno de los problemas más graves es la impunidad de los crímenes. Lanza alertó que a la fecha no hay información suficiente sobre quiénes fueron los autores de los asesinatos y desapariciones. «Uno de los problemas de la impunidad es que no nos permite saber quienes son los autores intelectuales de esos crímenes», indicó. Tras las entrevistas durante su estancia en México concluyeron que la mitad de las agresiones las han cometido autoridades estatales y otra parte de ellas el crimen organizado a través de una gran cantidad de estrategias para incidir en el espacio democrático, ya sea mediante amenazas, el nombramiento de «periodistas enlaces» y la compra de medios de comunicación.

Los relatores especiales propusieron al Gobierno mexicano la creación de un grupo de expertos para darle seguimiento a casos emblemáticos de asesinatos y desaparaciones de periodistas. «Creemos que mientras la Feadle no logre identificar y sancionar a los autores intelectuales de estos crímenes contra periodistas va a seguir siendo un costo marginal de negocio (para el crimen) asesinar periodistas», afirmó Lanza. El objetivo del consejo sería asesorar a la Feadle en las líneas de investigación vinculadas al ejercicio del periodismo, capacitar a los investigadores de la fiscalía en técnicas de investigación y generar una instancia de rendición de cuentas internacional.

Solicitan investigar espionaje

Los periodistas y los defensores de derechos humanos viven una inseguridad generalizada que se ha extendido hasta el espionaje digital. David Kaye, de la ONU, dijo que habían exhortado a la administración de Enrique Peña Nieto a que indague el caso de espionaje denunciado en junio pasado por comunicadores y activistas. «El malware es una amenaza global para la libertad de expresión», manifestó. Kaye dijo que han instado a las autoridades a que reconozcan el problema y a que se realice una investigación que incluya peritos independientes, académicos y personas de la sociedad civil.

Kaye cuestionó el uso discrecional de los recursos públicos que se destinan a la publicidad oficial y se pronunció por una regulación efectiva. «No debe usarse con propósitos políticos», afirmó el relator. Cada vez más los medios de comunicación y los periodistas dependen del acceso a la publicidad oficial, coincidieron, y hay un sesgo hacia aquellos medios que son menos críticos. «El Estado no tiene una obligación de dar publicidad oficial, pero si lo hace creemos que es importante para la sustentabilidad de los medios de comunicación, y para el acceso a la información de los servicios que presta el estado y sus políticas públicas», concluyó Lanza

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Noticias Internacionales
Tema(s) de Contenido(s): Fecha de Publicación: 05/12/2017