Zulianos no se la calan y niegan ir a «trabajos forzados»

La noticia de la potestad del Estado a trasladar a empleados de empresas públicas y privadas al sector agroalimentario se asomó sigilosamente y dejó desconcertados a los trabajadores marabinos. Es difícil encontrar una voz que considere que la medida es positiva para su carrera y la economía venezolana.

“Yo estoy en contra de eso. El Gobierno ha quebrado todo. Que pongan a trabajar a los que se robaron las haciendas. A mí que me metan preso, pero no lo hago”, afirma Douglas Curiel, supervisor de obras. El trabajador se niega a aceptar que un proceso como este se lleve a cabo, puesto que expone que no levantaría al sector. “Aquí, la tierra en la que se produce el plátano, cuesta 200 bolívares, ese es el legado, la destrucción del país”.

Esmeralda Boscán, socióloga opina lo mismo. “Para que una persona sea productiva, tiene que estar de acuerdo con su trabajo. ¿Cómo te van a obligar a ejercer un área que no te compete?”, asegura. No confía en que los 60 días que el empleado preste sus servicios Gobierno tengan una mayor remuneración a un salario mínimo, por lo que tampoco le interesarían lo beneficios monetarios de la práctica.

Ángel Lugo, abogado independiente, por su parte, lo consideraría si se encontrara desempleado, puesto que la crisis ataca fuertemente su bolsillo. “Yo no quisiera, obviamente. Eso depende del sueldo que uno devenga y de cada persona, si no me llegaran clientes, yo lo haría para mantener a mi familia”.

Los empleados del sector agroalimentario tampoco muestran entusiasmo por la idea. Jean Carlos Díaz, director del Sindicato de Trabajadores del Maíz en Bolívar aseguró al diario El Nacional que se declaran en “desobediencia” en contra de la resolución 9.855.

Y es que de acuerdo con Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional, la política representa una amenaza de trabajo forzado y un golpe directo a las reivindicaciones logradas por los trabajadores luego de siglos de lucha. “Se hacen llamar socialistas y obreros pero tratan a los trabajadores como objetos, se han convertido en el patrono más abusivo del país. Este Gobierno ha traicionado al país constantemente”.

«Trabajo forzado»

La resolución 9.855 que establece que cualquier empleado en Venezuela puede ser obligado a trabajar en tareas de agricultura como forma de luchar contra la crisis alimentaria en el país equivale a «trabajo forzado», aseguró la ONG Amnistía Internacional. “Intentar abordar la severa falta de alimentos en Venezuela forzando a la gente a trabajar en el campo es como intentar curar una pierna quebrada con un curita,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.