En Sudáfrica entre 1948 y 1990, a través de la aplicación de una serie de leyes fueron separados los grupos raciales. Este proceso se conoció como el “Apartheid” que en el idioma afrikáans significa “condición de estar separados”. Las políticas discriminatorias, legalizadas a través de la concentración del poder político en ese país, bien podría tomarse como referencia, y analizar las similitudes con el “Socialismo del Siglo XXI” aplicado en Venezuela por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, particularmente en cuanto a la segregación o diferenciación impuestas por nuestras preferencias políticas e ideológicas, y el estrato socio económico, al cual pertenecemos.
En el sector agroalimentario venezolano hemos presenciado la diferenciación marcada y evidente aplicada a sus diferentes componentes, generando la destrucción de la producción interna con graves consecuencias sobre los consumidores, quienes hoy dependientes de la limosna de una bolsa o caja de alimentos, sufren las más peligrosas secuelas de este “Apartheid agroalimentario”, el hambre, la desnutrición y la muerte.
Uno de los más claros ejemplos de cómo nos han pretendido separar cual “apartheid” entre blancos e indígenas, entre “explotadores y explotados”, ha sido el proceso de expropiación selectiva de fincas, y el de delimitación de tierras indígenas. Hoy recordamos la lapidaria frase de la ministra Nicia Maldonado: “Alguna generación debe pagar lo que hace 500 años se hizo con los antepasados indígenas, y le toca a esta, en particular pagarlo”. El gobierno transformó más de 5.0 millones de tierras agrícolas, en suelos hoy improductivos.
Fedeagro ha declarado “emergencia agroalimentaria”. No disponen de semillas, fertilizantes y agroquímicos, anunciando que “el año agrícola está virtualmente perdido”. Denuncian la “discrecionalidad” de la empresa estatal de agroinsumos, Agropatria, que asigna los pocos agroinsumos disponibles a organizaciones bajo el amparo del gobierno, y desconoce a las asociaciones privadas. La casta militar corrupta que controla el Mppat, Mppal y Bolipuertos desconoce y rechaza, no sólo la contraloría que le corresponde ejecutar a la Asamblea Nacional, sino las advertencias y propuestas que los profesionales del agro hemos presentado al país.
Hoy cuando atravesamos una grave crisis agroalimentaria, el gobierno insiste en borrar por completo la actividad agrícola privada a través de un proceso constituyente ilegal e ilegitimo. Ante esta pretensión, el campo venezolano se mantiene unido, de pie, y a viva voz desde Turen, Portuguesa, ha proclamado: “No me importa tanto perder mi maíz, como perder mi país. No a la constituyente”. Dios los bendiga por darnos tan digno ejemplo. Sin duda, esa Venezuela solidaria, no excluyente, afable, respetuosa, prospera y alegre volverá a florecer, las riquezas de nuestros campos, y su gente valiosa, serán pilar fundamental para su renacimiento.
¡Si se puede!
@wernergutierrez|Ingeniero agrónomo|Ex decano de la Facultad de Agronomía de LUZ