En la parte I de esta columna, iniciaba la descripción del duro escenario que está padeciendo el sector ganadero nacional. En la peor crisis alimentaria de Venezuela en sus últimos 60 años, la actitud del gobierno no solo es irresponsable y disparatada, la misma es criminal, si consideramos el daño causado a la población al negársele el acceso a los alimentos, violando lo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que contempla «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure… la salud y el bienestar, y en especial la alimentación…».
El pasado viernes 9 de noviembre Nicolás Maduro mientras amenazaba por los medios de comunicación con tomar el 100 % de la distribución de la carne bovina, manifestaba su total respaldo a Wilmar Castro Soteldo, Ministro del poder popular para la agricultura productiva y tierras (MPPAT), asegurando “tiene todo mi apoyo para seguir en el plan de la Venezuela agrícola”. Una semana después, el viernes 16, es publicada la Gaceta Oficial N.° 41526, suscrita por Castro Soteldo, contraviniendo la orden presidencial a los gobernadores de apoderarse del 30 % de la carne producida en sus regiones.
En el artículo 1 de esta resolución, se prohíbe explícitamente “la emisión o ejecución de cualquier medida, restricción o gravamen, que impidan de manera directa o indirecta el acopio, transporte, distribución, comercialización o libre movilización de alimentos, bien sea de producción primaria o procesada, incluso sus subproductos, así como cualquier especie de ganadería, pesca o acuicultura, en pie o beneficiada”.
Esta acción que desautoriza a Maduro, es encabezada por el propio Ministro de defensa Vladimir Padrino López, en su condición de Comandante de la “Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro”, y secundada además del MPPAT, por los ministros de Industrias y Producción Nacional, Comercio Nacional, Alimentación y Pesca y Acuicultura
Al momento de escribir esta columna, en los estados Zulia, Apure, Bolívar, Barinas y Guárico autoridades locales, pese a esta resolución, insisten en retener el 30 % de las reses sacrificadas. Presenciamos un país anarquizado, impregnado de órdenes y contraordenes, y de “reyezuelos” locales, sin control. Más grave aún, se desconoce por completo el destino de la carne retenida, existiendo la sospecha que está siendo comercializada fuera del país, y la riqueza generada desviada a las cuentas personales de algunos funcionarios, “unos crían el becerro, y otros se llevan la carne”.
Cabe preguntarse frente al daño causado al circuito cárnico nacional por tan irracionales anuncios, llevando el desabastecimiento de carne de res al 90 % ¿Fue una decisión inconsulta de Maduro el pretender asumir el 100 % de la comercialización de la carne bovina? o al contrario ¿Fue una acción tomada en conjunto con su tren ministerial, pero asumida en desconocimiento absoluto del sector, sin medir los daños causados? ¿Será un nuevo globo de ensayo para medir la respuesta de la sociedad, en el intento del gobierno de estatizar el aparato agroproductivo nacional?
Cual sea la motivación real de la marcha y contra marcha de Maduro y los ministros responsables de la política agroalimentaria nacional, ha quedado en evidencia el menosprecio que sienten hacia el sufrimiento de un pueblo que vio desaparecer la carne, debido a la escasez e inflación.
La carne de bovino fue el rubro que dentro del renglón alimentos, registro el mayor incremento en su precio en octubre, reportándose un incremento de 221,3 % (Cendas – FVM), ante las distorsiones creadas en un ya frágil mercado cárnico, que viene siendo víctima desde hace casi dos décadas, de medidas inconsultas y arbitrarias, mermando su capacidad productiva.
La medida anunciada en la gaceta N.° 41526, celebrada incluso por algunos gremios del sector agropecuario y empresarial, en realidad, nunca debió ser necesaria, si en Venezuela existiese estado de derecho y respeto a lo establecido en nuestra carta magna que establece en los artículos 112 y 115 la posibilidad de nuestros productores a “dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia…” garantizando “el derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes…”.
Es evidente que la apropiación total o parcial de cosechas y reses es violatorio a lo allí establecido, al no haberse cumplido los procedimientos para ser decretados productos “de utilidad pública” ni ocurrir la “justa indemnización”, para que el estado se apodere del producto del esfuerzo del sector agroproductor privado. Sin embargo, como ya es costumbre, la sumisión y el silencio del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, ante el poder ejecutivo, se había hecho presente frente a este atropello.
Un país en el cual su gobierno le declara la guerra a muerte a su sector agropecuario, mientras sus habitantes indiferentes les dan la espalda, no tiene futuro. La quiebra de la ganadería venezolana no la vive el gobierno, la sufre el ciudadano que tiene a sus hijos sin leche y carne. Imprescindible es, acompañar a los gremios agropecuarios en sus justos y necesarios reclamos.
Ing. Agr. M. Sc. Werner Gutiérrez Ferrer
Ex Decano de la Facultad de Agronomía
@WernerGutierrez