Werner Gutiérrez: Unos crían el becerro, y otros se llevan la carne. Parte I

El 10 de diciembre de 2001, Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela, promulga la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, para “dignificar y reivindicar al campesino”. En 2002 su gobierno inicia los primeros procedimientos de “rescate de tierras agrícolas” apoyado en la recién publicada ley. Comenzaba así la historia de un estado devenido en terrateniente, que ya para el 2014, William Gudiño, presidente del Instituto Nacional de Tierras, reconocía haber “regularizado” 10,2 millones de hectáreas.

La nefasta política de expropiaciones, confiscaciones y nacionalizaciones de fincas y centros de beneficio de reses, realizada por el Chavismo – Madurismo en Venezuela, resquebrajo un sistema ganadero, que aunque con algunas imperfecciones, y aspectos a mejorar, como dicen en nuestros llanos, “si becerros sembraban, toros nacían”.

Nuestro país gracias al sistema agroproductor nacional llego a alcanzar el autoabastecimiento de carne bovina. Hoy a 14 años de las primeras apropiaciones inconstitucionales de tierras por parte del estado, la poca accesibilidad a la carne bovina en el 87 % de los hogares sumergidos en pobreza, ha demostrado la falsedad de aquella afirmación del gobierno de ser “fincas improductivas”.

En su intento por reducir el rol del sector privado, el “Socialismo del Siglo XXI” expandió su control total sobre aproximadamente 6.0 millones de hectáreas en plena producción, y cerca del 50 % de la capacidad instalada en las salas de matanza.

Pero igualmente su estrategia ha consistido en maniatar todo aquello que “por ahora” no ha sido expropiado, mediante una espesa telaraña de regulaciones, control e intervenciones del mercado, que le impiden a un mermado sector privado dar respuesta a las necesidades de alimentos del pueblo venezolano. El gobierno nos ha sumergido en el túnel de la precariedad, triplicando entre los períodos 2010 – 2102 y 2015 – 2017 el número de personas con hambre en el país, según la FAO.

Sin duda alguna, las expropiaciones e invasiones de fincas se convirtieron en el principal punto de inflexión a partir del cual se da inicio a la quiebra deliberada de la ganadería nacional. Venezuela no tuvo necesidad de importaciones significativas de carne hasta que se produjo la destrucción de nuestro hato ganadero bajo la presidencia de Chávez Frías, llevando a depender el consumo interno cerca de un 60 % de las importaciones.

Para finales del 2017, ya el consumo anual de carne bovina había descendido de 23 a menos de 7.0 kilogramos por persona, ante la imposibilidad del gobierno de Nicolás Maduro de disponer de las divisas necesarias para continuar con su importación, y lamentablemente, por el daño causado al rebaño bovino nacional, la producción interna solo permitía colocar en el mercado, cerca de las 250.000 toneladas de carne para ese año. Ante el quiebre de las finanzas nacionales, al cierre del 2018, las importaciones de carne de bovino cerraran en cero, y la ingesta habrá caído por debajo de los 5.0 kilogramos por persona en el año.

Luego de arruinar las fincas expropiadas, de mal invertir miles de millones de dólares en importaciones de carne y ganado en pie entre el 2011 y 2014,  despilfarrando el dinero del erario público, y enriqueciendo a una mafia protegida por el gobierno y a empresarios de Nicaragua, Brasil y Uruguay, entre otros, estas últimas semanas el país agroproductor es sacudido nuevamente, por la rapacidad insaciable de quienes mal dirigen al país.

Impulsados por la orden de Maduro “tenemos que tomar el 100% de control de la producción y distribución de la carne”, quienes nunca han pisado una finca, ni sacado dinero para el pago de un jornal, compra de alimentos y vacunas, reparar la maquinaría y cercas, superado veranos o inundaciones, irrumpen con aspavientos y amenazas sobre el sector privado, promulgando decretos para apropiarse de manera ilegal e ilegítima del fruto del esfuerzo y sacrificio de nuestros ganaderos.

Los gobernadores de los estados Apure, Barinas, Guárico, Zulia, Cojedes, Falcón, Monagas y Portuguesa, han ordenado la venta forzosa del 30 a 60 % de las reses sacrificadas en cada entidad, pagando a precios que no reconocen la estructura de costos del sector ganadero y/o del matadero. Adicionalmente, han prohibido la movilización de ganado, fuera de estos estados, sin autorización previa de sus despachos. Unos crían el becerro, y otros se llevan la carne.

El asalto a la propiedad privada, una vez que la sociedad lo permite, se sabe dónde comienza, pero no donde termina. Nos esperan días aún más turbulentos. Más allá de advertir una importante y obvia merma en la oferta interna de carne de bovino, necesario es analizar qué hay detrás de las medidas de apropiación del aparato agroproductivo privado que aún se mantiene de pie, y hacia dónde nos conducen.  En la parte II de este trabajo, estaré ofreciendo interesante información al respecto.

Ing. Agr. M. Sc. Werner Gutiérrez Ferrer

Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

@WernerGutierrez