Desde Voluntad Popular consideramos que la inhabilitación publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.430 de fecha 24 de mayo y en la resolución número 01-00-091 de la Contraloría General de la República de fecha 21 de mayo de 2010, violenta los derechos políticos de ambos aspirantes a la Asamblea Nacional, contemplados en los artículos 42 y 65 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Vigente, que expresan:
Artículo 42. Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley.
Artículo 65. No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito.
En este sentido, reiteramos que ni Ramón Martínez, ni Manuel Rosales, ambos afectados por este nuevo dictamen administrativo de la Contraloría General, han recibido sentencia judicial firme y en consecuencia, no pueden ser suspendidos de sus derechos políticos y por ende están legalmente facultados para optar como candidatos de la alternativa democrática a la Asamblea Nacional.
Desde Voluntad Popular reiteramos una vez más que las inhabilitaciones políticas son un instrumento utilizado de manera inconstitucional para eliminar del juego político, durante el periodo previo a un proceso electoral, a los líderes que gozan del respaldo popular, sin que se respete el derecho al debido proceso contemplado en el artículo 49 de la Carta Magna. Esto se evidencia además en el tiempo de inhabilitación contemplado en la medida administrativa, de 8 meses para Ramón Martínez y de 12 meses para Manuel Rosales, lo cual evidencia el único fin de impedir su Inscripción ante el CNE como candidatos a la Asamblea Nacional.
Este mecanismo perverso e inconstitucional de la inhabilitación aplicado a Martínez y Rosales, es el mismo utilizado para impedir que en el año 2008 el ex alcalde de Chacao y actual activista de Voluntad Popular, Leopoldo López, resultase electo como Alcalde Metropolitano con más del 70% de los votos de los Caraqueños.
Expresamos nuestro respaldo a Ramón Martínez y a Manuel Rosales ante esta nueva ilegalidad, al tiempo que exigimos al gobierno nacional cesar el acoso y la persecución política que mantiene hacia los líderes de oposición, hecho evidenciado además con la ratificación de la inhabilitación política a los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero.
Prensa Voluntad Popular