Cuando uno conversa con diplomáticos acreditados en nuestro país o con corresponsales de la prensa extranjera que cubren el diario acontecer venezolano, todos coinciden en que por estos lares donde vivimos y padecemos no hay tiempo para el aburrimiento. Tenía razón en parte el desaparecido dirigente sindical adeco Manuel Peñalver cuando dijo aquella famosa frase: «No somos suizos», para argumentar que aquí no había lugar para elecciones de alcaldes o gobernadores.
No tenía razón en eso de que no estábamos para elegir alcaldes y gobernadores. Pero sí en cuanto a que no somos oriundos de Suiza, una nación donde muy pocos conocen el nombre del presidente, donde no hay conflictividad política, no hay concentración del poder ni abuso con el poder. Un país donde prácticamente no pasa nada, todo funciona aparentemente a las mil maravillas. Algo muy aburrido para quienes ya estamos habituados a incursionar en la web decenas de veces al día para saber qué hay de nuevo, cuál es la noticia que sustituye a la que acapara la atención de una ciudadanía sometida a sobredosis de estrés informativo.
Una de esas últimas noticias que lleva el sello del escándalo es la resolución del Ministerio del Trabajo, despacho que ahora tiene un nombre largo, cursi e inmemorizable, según la cual el gobierno puede disponer de los trabajadores que hacen vida en una empresa pública o privada para que en un lapso de sesenta días pasen a otras labores, fundamentalmente en el área productiva.
Desde el punto de vista sindical surgen muchas inquietudes con respecto a la estabilidad en el trabajo, a los riesgos en materia de higiene y seguridad industrial, porque según esa resolución, salvo prueba en contrario que aún no aparece, trabajadores no familiarizados con el ámbito de la producción industrial o agrícola, vinculados a labores administrativas o comerciales, pudieran terminar manejando un tractor, un machete o una planta de producción de salsa de tomate, por poner ejemplos que pueden parecer insólitos.
También inquieta que un trabajador pueda ser obligado a abandonar su sitio de trabajo para ser trasladado a otra empresa, con otro patrono, otras condiciones laborales e incluso otro horario. Por mucho que insistan en el carácter voluntario de ese cambio, el miedo es libre, sobre todo cuando es harto conocido que empleados públicos son obligados a marchar o a ir otras actividades proselitistas.
¿Por qué empeñarse en este tipo de prácticas unilaterales, inconsultas y de dudosa eficiencia y eficacia en lugar de promover un diálogo constructivo, democrático, con todas las expresiones sindicales y empresariales con miras a encontrar alternativas nacidas del amplio consenso y dentro del marco del respeto a los derechos de los asalariados y de los empleadores? ¿A quién se le ocurrió esta idea? ¿Al español que se ha convertido en el gurú económico del Palacio?
Todos estos «maravillosos» inventos nacen de la falta de decisión de dar un giro radical a una política económica que está llevando a la ruina al país. Dudo mucho que esa iniciativa de trasladar mano de obra arbitrariamente a áreas de producción no naciera de las recomendaciones del grupo de economistas promovido por Unasur.
No le arriendo ganancia a esa resolución, que pareciera promover un insólito bachaqueo con la mano de obra. Solo derivará, no tengo duda, en un mayor descontento frente al gobierno. Me pregunto qué hubieran hecho en sus tiempos de dirigentes sindicales opositores tanto el actual ministro del Trabajo, mi buen amigo Oswaldo Vera, y sus compañeros de la muy oficialista Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores frente a una resolución como esa. ¿A quién se le ocurrió esa idea? ¿Estará ya enrolado sembrando papas o alimentando pollos, gallinas y cerdos?
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