Ya varios voceros de la oposición, entre ellos el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, y el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, han venido denunciando que se prepara lo que han denominado el asesinato del referendo revocatorio, iniciativa que ha venido impulsando el bloque de partidos desde el mes de abril.
Si llegara a adoptarse una decisión judicial que declare nulo todo el proceso, por un presunto fraude en la recolección de las firmas, Venezuela entraría en una dinámica más complicada de la que ya estamos viviendo. Se habrá cerrado la puerta a una resolución pacífica de la crisis política que padecemos desde hace unos años. Si tienen razón, Ramos Allup, Torrealba y todos los que han venido vaticinando que el Tribunal Supremo de Justicia hará caso de las demandas del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues quedará sin lugar el proceso de manifestación de voluntad de convocar la consulta, previsto para los días 26, 27 y 28 de octubre, al cual, sin duda alguna, el gobierno le teme porque dejaría ver las dimensiones del gran descontento nacional.
No sabemos si en realidad la dirigencia de la oposición tiene eso que llaman un Plan B en caso de que efectivamente el referendo revocatorio pase a ser un difunto. Ese es un asunto que ellos tendrán que resolver. Pero es indudable que una decisión que conlleve la anulación de ese proceso de participación ciudadana colocaría a la MUD y a sus líderes ante el mayor de los retos: lograr por la vía pacífica y democrática que las instituciones atiendan el clamor de una población que todos los días espera pacientemente la hora de manifestar su punto de vista sobre la permanencia o no en el poder del actual presidente, Nicolás Maduro.
Si se cierra la puerta a una vía que pueda conducir a resolver constitucional y democráticamente nuestras diferencias como sociedad podríamos abrir una ventana hacia el precipicio de una confrontación con otras características. Lo hemos venido alertando desde hace tiempo, y en ello hemos coincidido con no pocos venezolanos que temen lo mismo. Hasta en el chavismo hay sectores que ven el referendo como una posibilidad incluso para la supervivencia de esa fuerza que hoy es gobierno pero que en la realidad ha perdido gran parte del apoyo popular que atesoró Hugo Chávez. Pero parece estar prevaleciendo una línea dura, la de aliñar la actual crisis con el cierre de los caminos hacia la solución pacífica, y con otro ingrediente que en el pasado sufrió en carne propia parte de la dirigencia roja rojita: la represión.
Cerrar puertas y reprimir. Hacer uso del poder del gobierno para imponer decisiones judiciales de dudosa constitucionalidad y legalidad pueden correr una arruga que ya es casi una liga elástica. ¿Y si esa liga se revienta y entramos en el escenario irracional menos deseado? Preferible correr el riesgo de caer en la categoría de profeta del desastre que guardar en nuestros adentros la angustia por tanta irresponsabilidad política de quienes dicen actuar en nombre de la carta magna que muchos de ellos firmaron, cuando en realidad lo que vienen haciendo es convirtiéndola en letra muerta.
Si se anula la posibilidad de hacer referendo, estaríamos ante la dura realidad de que en Venezuela puede más el temor a la pérdida del poder que el Estado de Derecho y de justicia. Ojalá Ramos Allup y Chúo Torrealba estén equivocados y queden como meras especulaciones los anuncios sobre una posible anulación del proceso para la convocatoria del referendo. No es de demócratas usar las instituciones a su antojo para impedir la expresión de la voluntad popular. Tarde o temprano esta conducta, que hoy parece salirle barata a quienes controlan el poder, se transformará en una costosa factura política. No importa si creen que los actos indebidos no traen consecuencias.
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