La sentencia fue dictada por un tribunal oral de esta capital, que desde febrero de 2011 llevó adelante un juicio contra Videla, el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros nueve acusados por el robo 34 bebés nacidos de mujeres cautivas entre 1976-1983.
Bignone, por su parte, recibió una pena de 15 años de prisión.
Este proceso ha sido inédito, ya que por primera vez la justicia consideró que la apropiación ilegal de menores no fue un hecho aislado sino una política elaborada y aplicada por la cúpula de las Fuerzas Armadas como parte de una estrategia más amplia de represión ilegal contra la subversión en la década de 1970.
Organismos de derechos humanos denunciaron la desaparición de 30.000 disidentes durante el régimen de facto —los registros oficiales sólo dan cuenta de 13.000 casos_, entre ellas muchas embarazadas que dieron a luz en cautiverio. En general los bebés eran entregados a militares u allegados, quienes los inscribían con su apellido y una fecha diferente de nacimiento para no dejar rastros.
Según Abuelas de Plaza de Mayo, unos 500 niños nacieron en cautiverio o fueron secuestrados con sus padres, de los cuales la organización humanitaria ha restituido la identidad a 106.
Videla, de 86 años, recibió lo máxima pena prevista por la legislación argentina como autor penalmente responsable de 20 casos de sustracción, retención y ocultación de un menor.
Junto a Bignone, de 84 años, cumplen condenas a cadena perpetua por otros crímenes de lesa humanidad en una cárcel común pese a superar los 70 años de edad, lo que de acuerdo con la ley argentina les permitiría gozar del beneficio de la prisión domiciliaria.