La Comisión de Normas de la OIT analizó ayer la queja contra el gobierno introducida por Fedecámaras y la CTV
En los casos individuales de incumplimiento de los gobiernos de los acuerdos analizados por la Comisión de Normas de la Organización Internacional del Trabajo, Venezuela es el único Estado que viola el convenio 122 sobre el derecho al empleo.
De las numerosas quejas referidas a gobiernos que incumplen los convenios laborales, la instancia de la OIT selecciona para su informe los 25 países con los incumplimientos más severos, dentro de los cuales está Venezuela.
En la 125ª asamblea de la OIT, reunida en Ginebra, Suiza, del 30 de mayo al 10 de junio, la comisión abordó ayer el caso venezolano. Allí escuchó a los representantes de Fedecámaras, de los trabajadores oficialistas e independientes y del gobierno.
Roger Palacio, directivo del sindicato de Alimentos Polar y coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores, denunció que en Polar están en peligro 100.000 empleos, entre directos e indirectos. «La mayoría de las empresas estatizadas quebraron por la mala administración del gobierno y en las que están en pie hay una fuerte persecución contra los trabajadores y los sindicatos».
Señaló la corrupción con los decretos gubernamentales de libre importación, con dólar preferencial, de 45 alimentos básicos como arroz, pastas, leche en polvo y líquida, atún y sardinas, entre otros. Insistió en que esos rubros se producen en Venezuela, pero las empresas del ramo están imposibilitadas porque el gobierno les niega las divisas para comprar la materia prima.
Wills Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, pronunció un discurso más político que laboral. «Les decimos a Fedecámaras y a los sectores opositores fascistas que nos jugamos todo por el proceso de tranformación y cambio que inició Chávez y que hoy lidera el presidente obrero Nicolás Maduro», dijo y afirmó que «no dialogan con la cúpula golpista de Fedecámaras» sino con sectores empresariales nacionalistas.
La queja de Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela contra el gobierno ante la OIT precisamente se refiere a que el oficialismo no consulta y excluye a ambos sectores, como lo dispone el convenio 122, de sus políticas económicas y sociales.
Esas políticas, según los empresarios y el sindicalismo no oficialista, han generado la pérdida de 800.000 puestos y están en riesgo otros 500.000. Asimismo, 4.000 industrias y 200.000 establecimientos cerraron en los últimos 10 años y otras 120.000 empresas están en riesgo de quiebra.
Fuente.ElNacional