No conforme con su política de agresión sistemática al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos pretende cuestionar las decisiones administrativas de órganos técnicos reguladores y los fallos del Tribunal Supremo de Justicia, en lo que constituye un desconocimiento inaceptable del ordenamiento constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
En un despliegue de descaro y cinismo, el Vocero del Departamento de Estado critica una decisión del máximo órgano del Poder Judicial venezolano, desconociendo el principio de separación de poderes que tanto pretende defender su gobierno. Por otra parte, resulta particularmente desconcertante que este mismo Vocero siempre tenga a la mano respuestas preparadas a preguntas que un periodista complaciente formula sobre Venezuela, especialmente cuando se trata de exaltar la independencia de los medios de comunicación.
La rapidez y la vehemencia con la cual el Departamento de Estado reacciona cuando se sanciona a políticos corruptos o a empresarios sin escrúpulos en Venezuela, es una demostración adicional de que el gobierno de los Estados Unidos financia y utiliza a estos personajes con el fin de socavar las instituciones democráticas que la inmensa mayoría de los venezolanos hemos decidido construir soberanamente.
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hace notar que el gobierno de los Estados Unidos, al reincidir en sus ataques a la dignidad y honorabilidad de las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela, es el único responsable del deterioro cada vez mayor de las relaciones bilaterales.