Un deterioro lento y progresivo del aparato económico, así como de la capacidad del Estado para atender las necesidades básicas de la población, pone en peligro la supervivencia de los venezolanos, especialmente del 51% que forma parte de los estratos en mayor pobreza.
El gobierno ha sido rebasado en su capacidad para hacer frente a este escenario, por lo que será inminente aceptar la cooperación internacional si se quiere impedir mayor sufrimiento, señalan los expertos.
Más de 4 millones de personas sin acceso a medicamentos, 1 millón de niños menores de 3 años que no se alimentan como requieren, el incremento de las cifras de mortalidad materna e infantil y los desplazamientos masivos en las fronteras son evidencia de una crisis que el gobierno niega
Hundidos en profundas crisis económicas, políticas y sanitarias o arrasados por la violencia, 17 países requerirán de la asistencia de la comunidad internacional en 2018. Venezuela es la única nación latinoamericana que integra esa lista, en la que figuran en su mayoría países de África y de Medio Oriente, como Libia, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Afganistán, de acuerdo con un reporte que fue presentado a principios de mes por la organización no gubernamental Acaps, especializada en el análisis de los escenarios que caracterizan las emergencias humanitarias.
En el caso venezolano, la ONG basa su diagnóstico en un repaso de los hechos acaecidos en 2017, un cocktail explosivo en el que convergen la hiperinflación, la caída de los ingresos económicos, la restricción de acceso a los servicios básicos, la erosión de las instituciones democráticas y la represión contra las protestas públicas. Para el año próximo, la supervivencia de la población se verá aún más comprometida, señalan, debido a la descomposición de las instituciones del gobierno, el empeoramiento de las condiciones económicas y la creciente inseguridad.
Mientras el deterioro se agrava y se hace evidente para los observadores, el gobierno de Nicolás Maduro sigue empeñado en no reconocerlo. “Venezuela es un país pujante, trabajador, no es un país de mendigos como han pretendido algunos con aquello de la ayuda humanitaria”, dijo el mandatario durante una emisión reciente de su programa televisivo dominical.
La especialista en gestión alimentaria Susana Raffalli, asesora de Cáritas de Venezuela, corrige el equívoco: cuando se habla de acción humanitaria no se está hablando de limosnas ni tampoco de solidaridad, sino de un cuerpo de conocimientos y actuaciones que debe activarse cuando se producen daños masivos a la salud y la integridad de la población y se pierden vidas humanas.
“La crisis alimentaria pasó a ser una crisis humanitaria cuando se murió el primer niño por desnutrición”, puntualiza. En este momento, en la escala de criterios que definen este tipo de situaciones, el país ha pasado de la crisis a la emergencia humanitaria, que se caracteriza porque, además, el Estado perdió la capacidad para dar respuesta y asistir a los afectados, lo que hace apremiante la ayuda internacional.
Raffalli indica que un dato que sirve como termómetro de la intensidad de lo que ocurre es la rapidez con la que han empeorado los indicadores. “El monitoreo centinela que realiza Cáritas muestra que tenemos 15,7% de niños menores de 5 años con desnutrición aguda, pero lo peor es que en octubre había 8%, es decir, que se duplicó la cantidad de niños en estas condiciones”.
Problema complejo. El hecho de que los actores gubernamentales nieguen sistemáticamente el grave deterioro de las condiciones de vida de la población le da a la situación venezolana nombre y apellido: emergencia humanitaria compleja. “Uno de los principales factores de este tipo de escenarios es que el actor que debería estar en condiciones de aportar las soluciones es precisamente quien las niega”, señala Jo D’Elía, responsable de la investigación sobre el estado de los derechos humanos en materia de salud para la organización no gubernamental Provea.
“Venezuela tiene todas las características de emergencias humanitarias complejas que ocurren en países que sufren problemas sistémicos, económicos y sociales”, coincide Marino González, investigador especializado en el área de políticas públicas de la Universidad Simón Bolívar y miembro de la Academia Nacional de Medicina. “Este tipo de situaciones no se relacionan con conflictos bélicos ni con catástrofes naturales”, aclara.
[the_ad id=»217728″]
Las situaciones que se enmarcan dentro del concepto de emergencia humanitaria compleja suelen haberse gestado con lentitud durante mucho tiempo, añade D’Elía. “Son consecuencia de años de deterioro, que han desembocado en la desestructuración de las capacidades internas del país para ayudar a las personas en sus necesidades”.
En el área asistencial puede verse con claridad la forma cómo ha evolucionado el daño: el fracaso de la gestión pública que ha devenido además en un deterioro sistemático de los servicios de salud, indica. “El gobierno nacional no resolvió el problema de la fragmentación de las instituciones que deben dar respuestas a los problemas asistenciales y además montó un sistema paralelo que se financió por mucho tiempo con los recursos que debían ir al sistema público. Cuando se admitió el fracaso de Barrio Adentro ya no había manera de recuperar el sistema público”, afirma.
D’Elía coincide con Raffalli en que el declive de las condiciones de vida se ha acelerado y que el daño que causa está afectando de manera irreparable a un número incalculable de venezolanos, imposible de saber por el ocultamiento de las cifras que practica el gobierno. “Se han comenzado a registrar muertes de manera sistemática y lo peor es que podrían haberse evitado”, alerta.
Para ilustrar esta afirmación, añade, basta recordar el aumento en más de 65% de mortalidad materna y más de 30% de mortalidad infantil entre 2015 y 2016, cifras que se conocieron cuando el Ministerio de Salud publicó a principios de año los boletines epidemiológicos que habían estado silenciados durante meses. “Se trata de fallecimientos que son en su mayoría prevenibles y revelan una falta absoluta de control prenatal. Nos dicen que son las mujeres y los niños las víctimas de las decisiones estatales”.
La Encuesta Nacional de Hospitales también ha revelado que 60% de los servicios de salud están paralizados y que los que funcionan lo hacen en condiciones de precariedad. Entre 70% y 80% de los equipos médicos no están operativos. Más de 50% del personal de salud ha desertado.