Venezuela deberá responder en la ONU por el auge delictivo y la represión

En la evaluación sobre Derechos Civiles y Políticos la delegación nacional deberá rendir cuentas sobre la falta de independencia judicial y los ataques a la libertad de expresión.

Venezuela se somete este lunes y martes a la tercera y última evaluación en materia de Derechos Humanos por este año ante las Naciones Unidas. En esta oportunidad una delegación, en la cual estará la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, rendirá cuentas en materia de Derechos Civiles y Políticos.

Ante el Comité de Derechos Humanos, con sede en Ginebra (Suiza), las autoridades nacionales deberán explicar porque la cifra de homicidios pasó de 4.500 en 1998 a más de 24.000 en 2014, igualmente deberán responder a las denuncias sobre tortura y malos tratos ocurridos durante la represión a las manifestaciones antigubernamentales que sacudieron al país entre febrero y junio del año pasado.

También deberán explicarle a los 18 expertos que forman parte de la instancia por qué el país es uno de los pocos en la región que no tiene una ley de acceso a la información pública que garantice a los ciudadanos poder solicitar datos en poder de organismos públicos o por qué 25 directivos de tres medios de comunicación en la actualidad están siendo procesados por replicar una información de un tercero.

Las denuncias de falta de independencia judicial, fundadas sobre todo en el hecho de que más del 66% de los jueces son provisorios, por lo cual el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) los considera de libre nombramiento y remoción; y que desde 2007 no se realiza ningún concurso de oposición para asignar este tipo de cargos serán otro de los puntos centrales. Así como el uso de los juzgados para procesar a disidentes políticos como Leopoldo López o Daniel Ceballos o para criminalizar la protesta.

La visión oficial

Las autoridades, por su parte, responderán a algunos de esos señalamientos enumerando algunas de las medidas adoptadas para enfrentar los problemas denunciados. Así se desprende de los informes enviados a Ginebra y difundidos por la ONU en su sitio web, en los cuales figura que en materia de inseguridad mencionarán la creación de la Policía Nacional y la puesta en marcha del Plan Patria Segura, así como la aprobación de la Ley Desarme.

Sobre las protestas insistirán en que las mismas fueron «una ofensiva violenta destinada a deponer las legítimas autoridades escogidas por el pueblo en elecciones libres» y sostendrán que no hubo violación masiva a los Derechos Humanos, sino casos aislados de excesos que están siendo investigados.

De 232 investigaciones el Ministerio Público cerró o archivo casi 200 y en la actualidad solamente tres policías han sido condenados y 17 más están investigados.

A diferencia de otras evaluaciones en este caso el Comité le fijará un plazo de tiempo a Venezuela para tomar acciones en aquellas áreas que considere más preocupantes.