El alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Gimenez, ordenó a las autoridades carcelarias de su comunidad atender todas las solicitudes de detención de migrantes, un día después que el presidente Donald Trump firmó un decreto que despojaría de fondos federales a las ciudades santuario.
Gimenez envió un memorándum al director de correccionales del condado para informarle que las prisiones deben retener a todos los inmigrantes indocumentados arrestados por la policía y entregarlos al Departamento de Seguridad Nacional siempre que así lo soliciten.
Aparentemente Trump aprobó la decisión de Miami-Dade al indicar en un tuit la tarde del jueves: “El alcalde de Miami-Dade deja política de santuario. La decisión correcta. ¡Fuerte!”
Antes del jueves, el condado sólo retenía a los detenidos si las autoridades federales de inmigración accedían a reembolsarle al condado los costos adicionales. La condición impuesta en 2013 colocó al condado en un reporte del Departamento de Justicia que enlistaba los lugares santuario que se negaban a acatar las peticiones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).
En 2016, Miami-Dade entregó a cerca de 180 personas a las autoridades migratorias pero no recibió ningún tipo de reembolso. El portavoz del alcalde del condado Miami-Dade, Michael Hernandez, señaló que al condado le cuesta unos 200 dólares diarios retener a una persona.
En una entrevista con el The Miami Herald, Gimenez dijo que no quería arriesgarse a perder millones de dólares en fondos federales a cambio de 52.000 dólares, el costo los 100 inmigrantes indocumentados que se negó a mantener para las autoridades migratorias en 2016.
“Quiero asegurarme de no arriesgar los millones de dólares que recibimos del gobierno federal por un asunto de 52.000 dólares”, explicó al diario. “No significa que arrestaremos a más personas. No significa que ejerceremos alguna ley migratoria”.
La facción de Florida de la Unión Americana de Libertades Civiles expresó su decepción al conocer la orden del alcalde.
“La decisión de hoy por parte del alcalde Gimenez es un golpe al largo historial de Miami como una ciudad de inmigrantes”, declaró su director ejecutivo, Howard Simon.
El Instituto de Políticas de Migración, un grupo de estudio con sede en Washington, estima que alrededor de 610.000 personas sin documentos viven actualmente en Florida. La mayoría de ellos son venezolanos, mexicanos y centroamericanos.