Según Andrew Chávez, uno de los organizadores de la campaña en Phoenix, ésta podría tener como resultado que la aplicación de la ley sólo comience en 2012 después de ser sometida a un voto popular.
En declaraciones a la radioemisora KTAR de Phoenix, Chávez manifestó que ya ha presentado una solicitud a la secretaría de Estado de Arizona para recolectar firmas.
De acuerdo con la ley, se necesitarían al menos 76.000 firmas para convocar un referéndum en Arizona donde, según cálculos oficiales, viven alrededor de 460.000 residentes ilegales.
Chávez explicó que las firmas que logren reunir en el curso de la campaña se presentarían después del 1 de julio que es el plazo para presentar iniciativas que serán puestas a votación en las elecciones de noviembre de este año.
El activista indicó que eso programaría el referéndum contra la ley para los comicios de 2012 lo que suspendería la aplicación de la ley hasta entonces.
«Eso constituye una importante ventaja para quienes se oponen a la ley», añadió.
La ley, que ha provocado un coro de protestas de grupos de defensa de los derechos humanos de todo el país y la oposición del presidente Barack Obama, también ha encontrado el rechazo de al menos tres ciudades del estado.
Phil Gordon, alcalde de Phoenix, capital de Arizona, dijo hoy que la iniciativa sería «económicamente desastrosa» y pidió a las autoridades de la ciudad que demanden judicialmente al estado para impedir que entre en vigor.
En Tucson, las autoridades municipales anunciaron que estudian la posibilidad de bloquear la legislación mientras que en Flagstaff, el concejal Rick Swanson manifestó que la ciudad tiene el deber de proteger a sus residentes.
«Vamos a ser el hazmerreír del país. Es horrible y racista», dijo Swanson en declaraciones al diario Arizona Daily Sun.
Además de convertir en delito la inmigración ilegal, la ley permite que la Policía exija papeles de residencia en el país a cualquier persona sospechosa de ser indocumentada.
Sin embargo, el promotor de la ley, el republicano Russell Pearce, manifestó que está confiado en que los votantes apoyarían su vigencia en caso de que sea puesta a referéndum.
«Nunca podrán cambiarla», manifestó.
ig / Reporte360