TSJ declaró improcedente solicitud presentada por Rctv International Corp

   La Sala Político Administrativa, con ponencia del magistrado Hadel Mostafá Paolini, declaró improcedente la solicitud de medida cautelar innominada hecha por la sociedad mercantil Rctv International Corp.

Esto en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad que presentó contra la Norma Técnica sobre los Servicios de Producción Nacional Audiovisual, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.333 del 22 de diciembre de 2009, y la la Providencia Administrativa PADSR-1.555 dictada el 15 de enero de 2010 por el Director General (E) de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a través de la cual se calificó el servicio prestado por  ese canal como un servicio de producción nacional audiovisual.

El canal de televisión mediante la medida cautelar pretendía que se ordenara al Director General de Conatel reabrir el Registro de Prestadores de Servicios de Producción Audiovisual, y permitir a RCTV International Corp. presentar su solicitud de inscripción de conformidad con el acto de calificación y tramitar tal solicitud hasta la inclusión de dicha empresa en el Listado Público de Prestadores de Servicios de Producción Nacional Audiovisual.

Además el canal pedía que se ordenara al referido funcionario y al Directorio de Responsabilidad Social, instruir a los servicios de difusión por suscripción que transmitían al canal RCTV International Corp. para el 23 de enero de 2010, para que restablecieran la difusión de ese canal, “pero cumpliendo la estructura de programación que propuso RCTV International a Conatel en su escrito del 13 de enero de 2010, (…) es decir una programación que no se subsume en los supuestos previstos en  (…) la Norma Técnica para que un servicio de producción audiovisual sea calificado como nacional.” 

Al pronunciarse la Sala Político Administrativa sobre la medida cautelar solicitada, constató que RCTV International Corp alegó la supuesta incompatibilidad de la “Ley Resorte” con la Carta Magna. En ese sentido la sentencia indica que “el análisis requerido para determinar la existencia de alguna incompatibilidad de un precepto respecto de otro excede del examen propio de las medidas cautelares, el cual debe ser practicado con carácter presuntivo y provisional, caracteres éstos sobre la base de los cuales -por el contrario- no podría soportarse la declaratoria de  inconstitucionalidad de una norma.”

También esgrimió RCTV International Corp, entre otras cosas, que la Norma Técnica en que se sustenta la Providencia PADSR-1.555 trasgrede el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y pensamiento (en el ámbito individual y social), y a la libertad económica; invocando al respecto los artículos 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 23 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sobre ese alegato el Alto Tribunal recordó que la Sala Político Administrativa ha dejado sentado que carece de fundamento legal la protección invocada por una persona jurídica a la luz de las garantías previstas para la persona humana por la mencionada Convención, toda vez que tales entes están excluidos del ámbito subjetivo de dicho instrumento internacional.
 
Agrega la Sala del TSJ al respecto que “visto que en el presente caso la denunciante, RCTV International, Corp. es una persona jurídica, debe declararse improcedente la denuncia de violación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos formulada por la actora.”

En cuanto al alegato de violación de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y pensamiento y a la libertad económica, la sentencia de Máximo Tribunal señala que “no puede presumirse en esta etapa  del juicio que el requisito conforme al cual los prestadores del servicio de producción audiovisual calificada como nacional deben proceder a su inscripción en el Registro a que se refiere la Norma Técnica sobre los Servicios de Producción Nacional Audiovisual, lesiona -en sí mismo- el ejercicio de los derechos constitucionales invocados, toda vez que se trata de una exigencia establecida en el marco de las potestades reguladoras del Estado, cuya inconstitucionalidad, irracionalidad o incongruencia no se aprecia preliminarmente de las actas.”

Concluyó la sentencia de la Sala Político Administrativa que en el presente caso no fueron acreditados elementos que permitan establecer una presunción de buen derecho favorable a RCTV International Corp., y en vista de el carácter concurrente de los requisitos necesarios para acoger la solicitud presentada, se declaró improcedente la medida cautelar innominada requerida.