El Tribunal Supremo mexicano decidirá sobre la ley que perpetúa el papel policial del Ejército

La Ley de Seguridad Interior, la norma que perpetúa el uso policial del Ejército en México, entró en vigencia este jueves por la tarde, después de su publicación en el Diario Oficial. El presidente, Enrique Peña Nieto, ha informado de ello horas antes, durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Peña ha dicho que es «consciente» de que la normativa «es especialmente sensible para la vida pública del país» y que por ello no la aplicará hasta que «el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad».

El colectivo Seguridad Sin Guerra, que integra a 250 asociaciones de la sociedad civil, ha divulgado un comunicado crítico con el anuncio del mandatario. La promesa de no aplicar la ley «es una simulación más en este penoso proceso», reza el texto. «El proyecto de ley está revestido de elementos de opacidad que permiten el uso discrecional y permanente de las Fuerzas Armadas para realizar acciones que pueden lesionar derechos humanos». La ONU y la OEA también se han mostrado críticos con la norma.

La semana pasada, el Congreso mexicano aprobó el texto, tras largas jornadas de discusión acerca de su conveniencia. El PRI, el partido verde y cinco diputados rebeldes del PAN sacaron adelante la normativa ante las protestas de la oposición. Los detractores defienden que es una ley militarista, que prolonga el estado actual de las cosas, con el Ejército en la calle, haciendo el trabajo de la policía. Además, dicen, no prevé una retirada de los militares a lo cuarteles o un fortalecimiento de los cuerpos policiales.

Desde diciembre de 2006, las Fuerzas Armadas sustituyen a la policía en cientos de municipios de todo México. Fue una de las primeras decisiones que tomó el expresidente Felipe Calderón, del PAN, al iniciar su mandato. Una forma de contener a los cárteles del narcotráfico. A 11 años de aquello, México cuenta más asesinatos que entonces y, en general, un aumento de casi todos los tipos de delito.

Peña espera que alguno de los actores políticos que se ha opuesto a la ley apele ahora a la Suprema Corte, mediante una acción de inconstitucionalidad. Podría ser, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a última hora había pedido al mandatario que vetara la ley. También podrían hacerlo un tercio de diputados y senadores.

Resulta difícil predecir qué decisión tomará la Suprema Corte. Como recordaba este jueves el diario Reforma, la Corte declaró constitucional la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública hace 20 años. Aunque el rotativo aclara que ninguno de los jueces que integraban el máximo tribunal sigue en activo.

Se abre ahora un periodo de 30 días para impugnar la ley. Si la Suprema Corte le da prioridad podría tomar una decisión en febrero de 2018.