En su fallo número 796, del pasado 22 de julio, la Sala Constitucional puso en duda la legalidad de las actividades de la asociación civil, luego de que uno de sus integrantes reconociera que sus planes y proyectos son financiados por la National Endowment for Democracy (NED), fundación que depende del Congreso estadounidense.
En la sentencia redactada por el vicepresidente de la instancia, magistrado Francisco Carrasquero López, se afirma que los fondos recibidos por Súmate son “una típica manifestación de la política intervencionista de una potencia extranjera”, la cual busca “incidir en los asuntos internos del Estado venezolano, toda vez que la aportación de recursos, es sin duda, una de las modalidades a través de las cuales se sirven los distintos centros de poder (entre ellos otros estados), para el fomento de sus intereses, incluso, fuera de sus fronteras”.
La Sala agregó que el financiamiento que reciben las organizaciones civiles y no gubernamentales de parte de instancias foráneas las hace dependiente y “las somete a la línea de actuación que determina el financista para que continúe la asignación de los fondos”.
El máximo juzgado, en su dictamen, recordó que el recibir recursos de Estados extranjeros “con la intención de emplearse en perjuicio de la República, los intereses del pueblo, actos políticos o sociales, económicos etc., podría eventualmente configurar el delito previsto en el artículo 140 del Código Penal”. Dicha norma se refiere al delito de traición a la patria.
El magistrado Pedro Rondón Haaz fue el único de los seis miembros de la Sala que salvó el voto.
El pronunciamiento se produce días después de que el Ministerio Público abriera una investigación contra las organizaciones Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) precisamente por los aportes financieros que han recibido allende las fronteras para ejecutar sus programas de periodismo.
En la Asamblea Nacional reposa el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, el cual establece que todos los recursos que reciban las organizaciones y agrupaciones civiles deben ir a un fondo que administrará el Ejecutivo, el cual lo distribuirá posteriormente.
El Universal