A las puertas de un nuevo conflicto de transporte estaría el país si el Gobierno nacional y el Ministro Garcés insisten en no cancelar la deuda que mantienen con los conductores por concepto del pasaje estudiantil. Hasta ahora les deben más de la mitad de los 300 millones de bolívares, aprobados recientemente por el Presidente de la República, según lo informó Erick Zuleta, presidente de la Federación Nacional de Transporte.
Zuleta efectuó sus señalamientos a la salida de una asamblea realizada el jueves en Barquisimeto. Agregó que “el diputado del PSUV a la AN, Juan Carlos Alemán, nos dijo que el ministro Garcés desmintió los señalamientos de los transportistas”.
“Nosotros- dijo Zuleta- no somos ningunos mentirosos y nos encantaría que el Ministro (Francisco) Garcés asistiera a la asamblea nacional que realizaremos el próximo martes en la sede de la federación de Transporte en Caracas, para que nos diga en la cara quien es el mentiroso.
Zuleta hizo referencia a la información que aparece además en la página web del Ministerio y del Fondo de Transporte Urbano (Fontur) en donde se indica que toda la deuda referida al pasaje estudiantil ha sido cancelada a los transportistas de todo el país.
“Quiero aclarar públicamente -manifestó el dirigente sindical- que solo en Barquisimeto el gobierno debe del año 2010 los meses de abril, julio, agosto, septiembre y octubre, mientras que del año 2011 adeuda marzo, abril, mayo, junio, julio y lo que está corriendo de agosto”.
Agregó que “en el estado Lara dispone de la tarjeta inteligente, al igual que los estados Táchira, Mérida, Barinas, Portuguesa, Falcón y Yaracuy en donde la deuda es la misma.
Mientras que en los estados en donde se cancela el subsidio del pasaje estudiantil por la modalidad de tickets, que son el resto de los estados, la deuda comprende los meses de septiembre y octubre del año 2010 y del 2011 comprende desde el mes de marzo hasta agosto”.
Zuleta anunció nuevas acciones de calle y paros de continuar la actitud intransigente del gobierno que viola acuerdos suscritos y que obliga a los transportistas a subsidiar deudas del gobierno lo que los llevaría a la quiebra.