En poco más de un año el Ejecutivo ha cumplido cada uno de los objetivos del plan «Políticas laborales y negociación colectiva», definido por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social en abril de 2009.
Ya se implantó una política diferente de relaciones laborales -centralizada en la Presidencia de la República y en el Partido Socialista Unido de Venezuela-, se avanza en la aplicación del salario social y en la regulación de los beneficios contractuales, se creó una Comisión Presidencial de Políticas Laborales, se crearon las zonas socialistas, al tiempo que se adelantó la formación socialista, que fue dirigida en sus inicios por el Inpsasel y ahora por la Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero.
Ese documento era claro en sus objetivos: avanzar en la construcción del socialismo y garantizar la viabilidad financiera de la política laboral, bajo criterios de igualdad.
Para lograr esos objetivos el Gobierno nacional ha centrado su estrategia en el control obrero, que se inició en el sur de Venezuela hace menos de un año con el Plan Guayana Socialista.
En una entrevista ofrecida al periódico Marea Socialista, el presidente de Alcasa, Elio Sayago, explicó que la organización de la empresa es primordial porque, si no se cambian las estructuras, «va a mantenerse la cultura de mandar y obedecer». Explicó que se están creando unas mesas de trabajo por turnos, que serán las que sustituirán a los actuales supervisores de áreas.
«Ya no va a ser un supervisor en una estructura de jerarquía sino pasa a ser una mesa de trabajo en una estructura plana, tomando decisiones», dijo Sayago.
Esas organizaciones luego van a una organización central, denominadas mesas de gerencia, donde se integran todos los sectores de la industria junto a los sindicatos, las delegaturas de prevención y todas las instancias laborales para formar una mesa general de gestión de Alcasa, indicó su presidente.
En los planes gubernamentales, el segundo sector a estrenarse en el socialismo es el eléctrico, para luego darle paso a la industria petrolera.
Justamente la semana pasada se dio a conocer el proyecto de reestructuración de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), que incluye un modelo de gestión que elimina los niveles jerárquicos y en una gerencia con dirección colectiva y participativa por parte de los trabajadores.
El fin del plan es, según indica el documento, «romper la actual división del trabajo y las relaciones que obedecen al modelo capitalista y sustentar un modelo de producción socialista dirigido a la participación del poder popular».
Pero todavía falta profundizar el cambio. La semana pasada el presidente Chávez, durante un acto en el Banco de Venezuela, anunció un aumento salarial para los trabajadores de la entidad financiera estatal: más para los que menos ganaban y menos para los que devengaban un sueldo mayor.
Enseguida el jefe de Estado se apuró a decir que su gobierno no busca que todos los trabajadores ganen el mismo sueldo, pero sí que se reduzcan las diferencias salariales.
Pero, a juicio de la analista laboral Maryolga Girán, ya el debate no se centra en la igualación de los sueldos o en una menor brecha entre los trabajadores. El riesgo, indica, está en el proyecto de Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal que discute la Asamblea Nacional.
Si se aprueba, se eliminarán los beneficios salariales de los trabajadores de las unidades socialistas, lo que desmontará el esquema de relaciones laborales tal como se conoce. Indicó que la Ley provocará que los trabajadores reciban sus salarios en monedas comunales y no en bolívares, lo que afectará sus remuneraciones.
El marco laboral socialista en su contexto más amplio estará desarrollado en la Ley Orgánica del Trabajo. La AN promete aprobarla este año.
Suhelis Tejero Puntes
EL UNIVERSAL
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