Texto Completo del Informe presentado por Luis Almagro ante la OEA, PARTE 3 DE 7

legislativo pudiera reanudar sus funciones normales y dejara de estar en desacato del Tribunal

Supremo, con la condición de que se organizarían comicios en Amazonas en un breve plazo.

 

La Mesa de la Unidad  Democrática cumplió lo pactado, cuando el 15 de noviembre Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana decidieron abandonar sus escaños. En una declaración a la Asamblea Legislativa leída por el secretario de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero, los tres diputados expresaron: «nos dirigimos a ustedes con el propósito de solicitar la desincorporación de nuestros cargos como diputados de la Asamblea Nacional en representación de los electores del estado Amazonas».49 Por su parte, dos días más tarde, el presidente Nicolás Maduro insinuó que las elecciones podrían celebrarse el 20 de diciembre, aunque destacó que el establecimiento de la fecha era de la competencia del Consejo Nacional Electoral.50

 

A pesar de todo ello, el Consejo Nacional Electoral no ha seleccionado ninguna fecha para realizar comicios parciales, dejando al pueblo del estado Amazonas sin representación parlamentaria y violando así sus derechos políticos para votar y elegir sus propios representantes, garantizados en los artículos 62 y 63 de la Constitución.

 

Según el informe elaborado por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, “en Venezuela el marco normativo ha generado una situación fuera de lo normal que conduce a malas prácticas electorales por parte del Consejo Nacional Electoral. Por un lado, la Constitución no establece fechas, ni específicas ni aproximadas, para la celebración de los procesos electorales de ningún cargo de elección popular. Por otro lado, la aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), aprobada por la Asamblea Nacional en 2009, trajo como  resultado  que la  fecha  de los  procesos  electorales  en  el  país  sea incierta,  otorgando absoluta discrecionalidad a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) para establecer los lapsos y fechas de los procesos electorales. Es decir, que la LOPRE, que sustituyó a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (LOSPP), eliminó la mayoría de los lapsos legales que existían para normar la organización de comicios en Venezuela. De manera que, al no existir límites específicos para etapas tan importantes como la campaña electoral o los procesos de auditoría a la plataforma electrónica de votación y totalización de resultados es imposible prever el momento en que se efectuará una elección. Esta discrecionalidad del organismo comicial para fijar la fecha de las elecciones se ha convertido en una de las principales formas de manipulación de los procesos comiciales en Venezuela, procesos que se convocan en función del cálculo

político del Ejecutivo Nacional».51  Esto es exactamente lo que ha ocurrido en lo que respecta a las elecciones de los gobernadores, las elecciones municipales y las elecciones parciales en el

estado Amazonas.

 

 

 

 

 

49 Suspended Venezuelan lawmakers resign to end standoff, United Press International, 16 de noviembre de 2016, http://www.upi.com/Top_News/World-News/2016/11/16/Suspended-Venezuelan-lawmakers-resign-to-end- standoff/5931479314340/

50 Maduro asomó una posible fecha para las elecciones en Amazonas, 17 de noviembre de 2016, http://runrun.es/nacional/venezuela-2/287305/maduro-asomo-una-posible-fecha-para-las-elecciones-en-

amazonas.html

51 Convocatoria a Elecciones en Venezuela, Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, núm. 34, enero de 2017,  https://politikaucab.files.wordpress.com/2017/01/boletc3adn-34-final.pdf

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 2 – SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS AÚN DETENIDAS POR RAZONES POLÍTICAS, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PRESENTE INFORME.

 

PRESOS POLÍTICOS

 

Un preso político es una persona que ha sido encarcelada por sus creencias o acciones políticas, porque se ha opuesto o ha criticado al Gobierno. Los principios democráticos simplemente no permiten el arresto ni la detención de una persona por sus ideas. La criminalización de las protestas, el hostigamiento y el encarcelamiento de los opositores son prácticas típicas de un Estado opresor y las personas detenidas por el Gobierno venezolano por estas razones son presos de conciencia.

 

El Gobierno venezolano ha demostrado un comportamiento sistemático de abuso contra quienes se atreven a expresar una opinión contraria a la del Gobierno. Los opositores políticos y los críticos del Gobierno continúan enfrentándose a penas de cárcel y el número total de presos políticos, en cualquier momento dado, ha ido en aumento ya que el Gobierno arresta, detiene y pone en libertad a sus opositores como le place. Los arrestos arbitrarios, la detención de personas sin que tengan acceso a su familia o a asesoramiento jurídico, las detenciones secretas, las condiciones carcelarias inadecuadas, los juicios injustos y la tortura son violaciones extremas del artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que garantiza que «todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona».

 

Venezuela es también uno de los firmantes originales de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de 1994, cuyo artículo II establece que «se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con  lo  cual  se  impide  el  ejercicio  de  los  recursos  legales  y  de  las  garantías  procesales pertinentes».

 

El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza el derecho de todo individuo a «la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.” Las secciones 3 y 4 garantizan el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y el derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión.

 

No obstante, “la represión y particularmente la encarcelación sistemática con fines políticos continúa siendo una política de Estado en Venezuela. Desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, el Foro Penal Venezolano ha registrado 2732 arrestos políticos por distintos motivos que van desde el haber manifestado en una protesta política como lo fue la Toma de Caracas o la Toma de Venezuela hasta el haber realizado una publicación en la red social Twitter

 

 

 

 

contra el Gobierno nacional o algún funcionario público”52. Así comienza el Reporte sobre la

Represión del Estado Venezolano Año 2016 publicado por la ONG Foro Penal.

 

Según datos del informe, en 2015 se registraron 51 presos políticos, mientras que en el 2016 se registraron otros 55 casos. En este sentido, “existe un acumulado desde el 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016, de 429 presos políticos”53.

 

El 30 de octubre de 2016, se instaló en el Dialogo Nacional la mesa de trabajo temática sobre “Verdad, Justicia, Derechos Humanos, Reparación de Victimas y Reconciliación” coordinada por la Santa Sede. Asimismo, se acordó revisar la situación de las personas privadas de libertad. La Mesa de la Unidad Democrática insistió en la mesa que la liberación de los presos políticos de la Oposición era condición para garantizar la continuidad del diálogo. El 31 de octubre fueron liberados los presos políticos Andrés León, Coromoto Rodríguez, Andrés Moreno, Marco Trejo y Carlos Melo. No obstante, para finales de 2016, se mantenían tras las rejas o bajo arresto domiciliario  103  presos  políticos,  y para  el  primer  trimestre  de  2017,  producto  de  nuevas

detenciones, dicha cifra se ubica en 116 presos políticos.54

 

Esto  obedece  al  “efecto  puerta  giratoria”,  es  decir  que  mientras  liberan  a  algunos  presos políticos, encarcelan a un número similar, manteniendo siempre el promedio mensual. Esto también representa la absoluta falta de garantías jurídicas y es una situación en la cual las autoridades venezolanas detienen y encarcelan de manera arbitraria a quienes quieren y cuando quieren, y las liberan o no, cuando quieren.

 

El preso político más emblemático sigue siendo Leopoldo López Mendoza, fundador y director general del partido político Voluntad Popular, quien está preso en el Centro de Procesados Militares en Ramo Verde, Los Teques, estado Miranda, desde el 18 de febrero del 2014, luego de ser injustamente acusado de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio. El Ministerio Público basó su acusación en el discurso político de López y sus supuestos mensajes subliminales. Fue condenado a 13 años, 9 meses y 12 horas de prisión. El 16 de febrero de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia ratificó dicha sentencia como firme, denegando de esta manera cualquier posibilidad de apelación.

 

La celda en la que se encuentra Leopoldo López, mide 2,60 m por 2,70 m. En este espacio permanence desde que fue sentenciado. No tiene contacto con otros presos, no le permiten caminar por los pasillos o el patio, y solo cuando no está “castigado” lo sacan una hora al día. Los guardias tienen prohibido hablar con él y sólo se limitan a pasarle la comida por la rendija de la puerta de su celda. Leopoldo López no escucha a nadie durante el día, sino solo los sonidos propios de una cárcel. Le han quitado los libros y solo le permiten leer uno semanal, que debe ser autorizado por los funcionarios del penal, y la Biblia.

 

Ha sido sometido a largos periodos de aislamiento, sin que lo saquen a ejercitarse y ver la luz solar, prohibiéndole ver a su familia y a sus abogados. Durante los primeros 15 meses de reclusión, entre castigo y castigo y los aislamientos en solitario por 15 días o 3 semanas, pasó

 

52 Reporte sobre la represión del Estado Venezolano, Año 2016, Foro Penal,  https://foropenal.com/content/reporte- sobre-la-represion-del-estado-venezolano-ano-2016

53 Ibid.

54 https://foropenal.com/content/aumentaron-arrestos-politicos-en-primer-trimestre-de-2017

 

 

 

 

 

siete meses en total sin ver a sus hijos. La CIDH dictó medidas de protección para que López pueda ver a sus hijos con regularidad, dictamen que las autoridades del penal han incumplido en varias oportunidades55. Ha sido objeto de requisas violentas, donde aparte de recibir golpes, le han destrozado los pocos enseres personales o se los han robado, le han destruido escritos que preparaba para su defensa, y las fotos y dibujos de sus hijos. Las reiteradas amenazas contra su vida y su integridad física suelen acrecentarse cuando es aislado o castigado, recibiendo tratos

crueles y degradantes que se extienden a su entorno familiar.

 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las relatorías y grupos de trabajo del mismo organismo, la CIDH, el Secretario General de la OEA, la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Presidentes en ejercicio, ex Presidentes, personalidades, diputados y senadores, etc., han solicitado su libertad. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia.

 

Cientos de otros presos políticos sufren tratos similares a los que es sometido Leopoldo López. El Consejo Permanente debe pedir la inmediata liberación de todos los presos políticos en Venezuela.

 

TORTURA

 

La  prohibición  de  la  tortura  es  uno  de  los  principios  más  fundamentales  del  derecho internacional. La tortura, así como los tratos crueles, inhumanos o degradantes, están prohibidos en todo momento y en todo lugar, incluso en tiempo de guerra. Ninguna emergencia nacional, por terrible que sea, justifica recurrir a torturas. Sin lugar a dudas, es totalmente inaceptable en cualquier sociedad democrática.

 

El 26 de septiembre de 2016, el Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Estudios para América Latina, CASLA, introdujo como anexo a la denuncia que por torturas sistemáticas lleva ante la Corte Penal Internacional contra el Gobierno venezolano – consideradas como crímenes de lesa humanidad – la lista de por lo menos 33 altos funcionarios del actual Gobierno que encabeza Nicolás Maduro, como copartícipes de dicho delito por los cargos directivos y de mando que ostentan, por su directa complicidad en la comisión de la tortura o por su inacción para evitarlas.

 

Entre esos altos funcionarios se encuentran, además del propio Presidente Maduro, los Vicepresidentes de los últimos cinco años, gobernadores de estados, ministros, fiscales, militares, así como directores de organismos de Seguridad del Estado.

 

La denuncia revela que del año 2013 al año 2016, más de 300 personas han sido víctimas de torturas, entendiendo como tortura, según el Estatuto de Roma, el causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control.

 

 

 

 

55 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Medida Cautelar núm. 355-15, 12 de octubre de 2015, https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC335-14-ES-ampliacion.pdf y https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC335-14-Es-ampliacion.pdf

 

 

 

 

 

Según  el  Observatorio,  las  torturas  fueron  ejecutadas  sin  importar  edad,  sexo,  profesión, condición social, o incluso incapacidades físicas. Un detalle importante que ha caracterizado este período represivo ha sido el goce con el cual algunos funcionarios han torturado a sus víctimas, entre otros detalles, manifestando morbo sexual, deseos de infligir dolor en heridas abiertas metiendo objetos o sus propias manos. La mayoría de las víctimas fueron torturadas para obtener de ellas acusaciones contra líderes políticos de la Oposición, vinculación con partidos políticos y con las manifestaciones, además de ser usadas para dar castigos ejemplarizantes a las víctimas. Se repitieron las denuncias de asfixia con bolsas plásticas, electricidad, golpes con palos, bates, cascos, peinillas, puntapiés, intentos o amenazas de quemar a las víctimas, quemaduras con yesquero u objetos metálicos, posiciones inhumanas como de rodillas o amarrados de manos con pies  por  largos  períodos  de  tiempo.  Algunas  víctimas  recibieron  descargas  eléctricas,  otras fueron golpeadas y vejadas dentro de tanquetas militares, otros fueron rociados con gases tóxicos directamente en el rostro para causarles asfixia, muchos fueron objeto de torturas sexuales como violación, amenazas de violación, actos lascivos, desnudamiento y la mayoría fueron aislados las primeras 48 horas de su detención e incluso por más días, sin derecho a llamar a su abogado y a su familia.

 

El pasado 9 de enero, Nicolás Maduro creó una estructura de represión a la que ha denominado “Comando Antigolpe”, integrada por el Vicepresidente Tareck el Aissami, la ex Ministra de la Defensa Carmen Meléndez, el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el General Néstor Reverol, el diputado Diosdado Cabello, el General Gustavo González López, Iván Rafael Hernández y Vega González, todos señalados en la denuncia interpuesta en la Corte, como cabezas de mando e incluso señalados directamente como autores intelectuales de torturas de víctimas que reposan en el citado organismo. Esta nueva estructura es ahora la encargada de vigilar la “seguridad ciudadana y la paz social”, y en tan solo 72 horas de su conformación, detuvo a cinco dirigentes políticos de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, incluyendo al Diputado de la Asamblea Nacional Gilber Caro.

 

El Observatorio observó además lo siguiente:

 

• La represión,  detención  de  manifestantes  y  posterior  tortura  ha  sido  más  cruel  contra manifestantes claramente opositores.

 

• La sofisticación de los métodos de tortura para no dejar huella en detenidos reconocidos por motivos políticos ha hecho que la tortura blanca y el aislamiento prolongado esté de moda en los dos organismos de seguridad del Estado adscritos a la Vicepresidencia de la República, el SEBIN y el DGCIM.

 

• La falta  de  atención  médica  oportuna  en  algunas  personas  torturadas  y  que  continúan detenidas, ha sido considerada por el Observatorio como prolongación de la tortura, ya que las víctimas sufren, incluso hoy, dolores intensos y graves consecuencias físicas, algunas irreparables.

 

• Desde el 12 de febrero del 2014 al 31 de enero de 2017 se registraron más de 200 casos de torturas, todas perpetradas contra manifestantes detenidos en distintas circunstancias. Las presentadas en la Corte Penal Internacional están debidamente respaldadas por denuncias de las propias víctimas e informes técnicos.

 

 

 

 

 

• Por lo menos el 40 por ciento de las víctimas fueron torturadas para tratar de obtener de ellas testimonios que implicaran a otras personas en actos delictivos o supuestas conspiraciones, y el otro 60 por ciento fueron torturadas intencionalmente para causarles intenso sufrimiento y darles con esto castigos ejemplarizantes.

 

• Cuatro de las víctimas de torturas entre los años 2014 al 2015, fallecieron.

 

• Hay un número no cuantificado de personas que fueron torturadas en los años 2015-2016 que, por temor, no quisieron presentar la denuncia, ya que fueron amenazadas tanto ellas como sus familiares por los propios funcionarios.

 

Lo antes expuesto es prueba del uso de la fuerza para la imposición del poder del Gobierno. La imposición por la fuerza es prueba del fracaso en la persuasión de la voluntad popular desde la acción constructiva y respetuosa desde y para esa voluntad. El temor a la crítica desde la inteligencia social y a la consiguiente pérdida del poder es lo que lleva a la persecución, la censura, la tortura y la violación sistemática de los derechos humanos. Como dijo Hanna Arendt, “desde que la autoridad requiere de una contraparte de obediencia, comúnmente se la confunde con alguna forma diferente de poder o de violencia. Sin embargo, la autoridad evita el uso de medios externos de coerción; cuando es necesario usar la fuerza, es porque la autoridad en sí misma ha fracasado.”

 

 

 

RECOMENDACIÓN 3: LLAMAMOS AL PODER EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y AL PODER LEGISLATIVO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA A RESOLVER CONJUNTAMENTE, CONFORME A SUS COMPETENCIAS, DE MANERA INMEDIATA LA SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN COMO ACCESO A

ALIMENTOS Y SERVICIOS DE SALUD.

 

Tal y como lo señala el Artículo 12 de la Carta Democrática Interamericana, “la pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción  de  la  pobreza  y  la  erradicación  de  la  pobreza  extrema,  teniendo  en  cuenta  las diferentes realidades y condiciones económicas de los países del Hemisferio. Este compromiso común frente a los problemas del desarrollo y la pobreza también destaca la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia.”

 

El deterioro del sistema democrático en Venezuela es la causa directa de la crisis económica y humanitaria. Toda ruptura del orden constitucional, del imperio de la ley y del orden democrático debilita el sistema de gobierno y crea condiciones de crisis y vulnerabilidad. La crisis política ha llevado a una disfuncionalidad estructural. Venezuela debería ser uno de los países más ricos del Hemisferio. En cambio, la inflación sigue aumentando y alcanza niveles inauditos; el PIB va en caída libre; los niveles de pobreza sin precedentes son cada vez más extensos; los niveles de malnutrición  se  extienden  a  escala  nacional;  vuelven  a  surgir  enfermedades  erradicadas

 

 

 

 

 

anteriormente como la difteria, y el país sufre de uno de los índices más altos de crímenes violentos en el mundo.

 

 

 

LA CRISIS ECONÓMICA

 

El clima empresarial de Venezuela es uno de los peores del mundo, sólo superado por Eritrea, Libia y Sudán del Sur en el Informe Doing Business del Banco Mundial.56 Algunos de los problemas que enfrenta el país son engorrosos, mientras que otros son cuellos de botella, obstáculos directos a la inversión y el crecimiento económico.

 

En la categoría  Instituciones del  Global Competitiveness Report  [Informe sobre la Competitividad Mundial] 2016-2017 del World Economic Forum,57 Venezuela descendió del puesto 91/104 en 2005 al 140/140 en 2016. El imperio de la ley, en su sentido más amplio, es la restricción más limitante para la actividad económica en Venezuela. La excesiva burocracia y la complejidad  de  los  procedimientos,  especialmente  los  relacionados  con  los  permisos  de

importación y exportación, representan un importante obstáculo para la inversión, y son también fuente de prácticas corruptas. Y como establece el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, «son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa».

 

En lo que respecta a los mercados de bienes y de trabajo, Venezuela ocupa el último lugar en el mundo en el mencionado Informe sobre la Competitividad Mundial. En cuanto al mercado de bienes, la clasificación del país se ve afectada negativamente por la escasa competencia interna, la baja calidad de la demanda y la escasa competencia extranjera. Por lo que se refiere al mercado laboral, la clasificación se ve afectada por la incapacidad de retener a los trabajadores calificados. El acceso a los insumos (materias primas) es difícil en muchos sectores de la economía,   en   particular   la   industria   manufacturera,   sobre   todo   cuando   el   insumo   es monopolizado por una empresa estatal. Se ha constatado que los controles de precios, que no se actualizan periódicamente y cuyo cumplimiento es irregular, son también una de las principales limitaciones.

 

Venezuela ocupa también un puesto poco envidiable en la categoría correspondiente a infraestructura del Informe sobre la Competitividad Mundial. El suministro de electricidad, insuficiente y errático, es especialmente problemático y restrictivo para algunos sectores económicos. También se señala que las deficiencias de la red vial, los puertos y la infraestructura de comunicaciones eran generalmente problemáticas, especialmente para las pequeñas empresas que, debido a limitaciones de escala, no son autosuficientes y dependen de esos bienes públicos. La falta de seguridad personal (secuestros, robo, pagos extraoficiales a delincuentes locales) es

 

 

 

 

 

56 Doing Business, 2017, Banco Mundial,  http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017

57 The Global Competitiveness Report 2016–2017, World Economic Forum,  https://www.weforum.org/reports/the- global-competitiveness-report-2016-2017-1

 

 

 

 

 

un problema generalizado para las empresas en todos los sectores de la economía, y es particularmente grave en el sector agrícola.58

 

Venezuela cuenta con uno de los recursos geológicos más abundantes del planeta. PDVSA representa más del 90 por ciento de las exportaciones totales de Venezuela y el 12 por ciento de su PIB, por lo que comprender la situación de la petrolera nacional es fundamental para comprender lo que ocurre en Venezuela. Las reservas probadas de crudo del país se encuentran entre las más considerables del planeta, incluso atendiendo a cálculos conservadores. Durante la última década, el país desperdició una extraordinaria oportunidad para aumentar la inversión y la producción. En vista de los elevados precios del petróleo que imperaban en ese período, las enormes  reservas  de  petróleo  del  país  podrían  haber  sido  monetizadas  mediante  el  rápido aumento de la producción con un amplio margen de rentabilidad. En cambio, la producción disminuyó constantemente debido a la falta de inversión en los nuevos proyectos petrolíferos no convencionales y a la incapacidad para compensar la disminución de los antiguos campos convencionales. Es una historia trágica de un gran potencial acompañado de una pésima actuación.

 

Entre 2010 y 2015, la producción de petróleo experimentó una disminución diaria de 253.000 barriles, lo que representa un ocho por ciento. En particular, la producción cayó un 24,3 y un

15,8 por ciento en las regiones oriental y occidental tradicionales (crudo liviano y de grado medio) y sólo aumentó un 12,0 por ciento en la Faja Petrolífera del Orinoco (crudo pesado y extra pesado). La producción en los campos operados exclusivamente por PDVSA disminuyó un

27,5 por ciento, mientras que en los campos operados por empresas conjuntas se registró un aumento del 42,3 por ciento.59

 

El servicio de la deuda de PDVSA casi se decuplicó y alcanzó los 10.200 millones de dólares en el período de 2010 a 2015, mientras que la deuda financiera total aumentó un 75 por ciento, cifrándose en unos 45.000 millones de dólares. Se observó que PDVSA experimenta continuamente grandes dificultades para aumentar las inversiones de capital con el fin de detener la disminución de la producción, y no hablemos ya de cumplir los objetivos de producción. A ello deben agregarse también los numerosos desafíos operacionales que enfrenta PDVSA, entre los que destacan la escasez de insumos; la ineficiencia de las perforaciones; las inadecuadas instalaciones de gas y energía; la insuficiencia de infraestructuras de elaboración secundaria (refinerías,  unidades  de  mejora,  etc.);  riesgos  en  materia  de  seguridad,  medio  ambiente  y

criminalidad, así como la gestión corporativa de la entidad, y la política industrial.60

 

Habiendo agotado la emisión de deuda externa y nacional y optado por renunciar a la asistencia internacional, el Gobierno ha recurrido constantemente a la monetización del déficit. Entre 2013 y 2015, la monetización media del déficit se situaba en el 13 por ciento del PIB. En 2016, la financiación monetaria del déficit estuvo asociada a un incremento de la base monetaria del 236

 

58 Microeconomic Binding Constraints on Private Investment and Growth in Venezuela, Richard Obuchi, Bárbara Lira y Daniel Raguá, Center for International Development, Harvard University, octubre de 2016, http://growthlab.cid.harvard.edu/files/growthlab/files/microconstraints_venezuela.pdf

59 Weathering Collapse: An Assessment of the Financial and Operational Situation of the Venezuelan Oil Industry, Hernandez, I. y Monaldi, F, Center for International Development at Harvard University, noviembre de 2016,

http://growthlab.cid.harvard.edu/files/growthlab/files/venezuela_oil_cidwp_327.pdf

60 Ibid.

 

 

 

 

 

por ciento. Cabe señalar que el incremento total de los «préstamos directos» a PDVSA ya mencionados  fue  22  por  ciento  superior  al  incremento  total  de  la  base  monetaria,  lo  cual confirma la dependencia de la financiación monetaria.61

 

El  servicio  de  la  deuda  parece  insostenible  debido  a  la  falta  de  acceso  a  fuentes  de financiamiento internacionales. La deuda externa pública se eleva por lo menos a 130.000 millones de dólares, lo que equivale a 5,8 años de exportaciones, suponiendo condiciones razonables para los precios del petróleo a corto plazo. El Gobierno continúa manteniendo importantes subsidios implícitos regresivos para la gasolina, los servicios públicos y el cambio extranjero. De acuerdo con cálculos conservadores, estos subsidios oscilan entre 14.000 y 19.000 millones de dólares. Por otra parte, la recesión y las presiones inflacionarias están generando un

colapso significativo de los ingresos fiscales.62

 

Al mismo tiempo, las reservas de Venezuela cayeron a un nuevo mínimo inferior a 10.500 millones de dólares. El Banco Central de Venezuela informó que cerró el año 2016 con 7.700 millones de dólares en reservas de oro, utilizando su metodología de fijación de precios de

1.272,42 dólares la onza. Ese nivel es 2.300 millones inferior a los 10.040 millones en oro reflejados en los estados financieros del país en 2015, en los que el oro se valoró a un menor precio de 1.140,43 dólares. En tan solo dos años, el monto del oro venezolano ha caído a casi la mitad, ya que Venezuela había informado que a comienzos de 2015 contaba con 14.600 millones de dólares en oro.63

 

POBREZA

 

Incluso antes de que se iniciara la crisis de los precios petroleros en 2014, los avances en la reducción de la pobreza en Venezuela habían cesado y así lo demostraban las cifras oficiales. Según el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE) entre 2008 y 2013 el porcentaje de la población en situación de pobreza se había mantenido casi igual al pasar del 33,1 por ciento al 34,2 por ciento.

 

Estas son las últimas cifras oficiales de pobreza de ingreso ya que los organismos responsables no han hecho públicas bases estadísticas que permitan determinar el porcentaje de la población en situación de pobreza desde el segundo semestre de 2013. A partir de ese momento, la descripción estadística de la pobreza en Venezuela ha dependido de estudios independientes realizados, entre otros, por un consorcio de varias universidades del país que dan cuenta de la evolución de la pobreza entre 2014 y 2016 (ENCOVI, 2014, 2015 y 2016).64

 

Durante esos años los precios del petróleo cayeron en picada hasta un tercio de lo que llegaron a ser  durante  2008,  acelerando  un  proceso  de  deterioro  en  los  indicadores  de  desempeño

 

 

61 Ibid.

62 Ibid.

63 Barron’s: 2 Experts Question Venezuela’s Gold, Cash Stats,  http://www.venezuelaopportunityfund.com/tag/russ- dallen/

64 ENCOVI 2014:  http://www.rectorado.usb.ve/vida/sites/default/files/pobreza.pdf

ENCOVI 2015:  http://www.rectorado.usb.ve/vida/sites/default/files/2015_pobreza_misiones.pdf ENCOVI 2016:  http://www.rectorado.usb.ve/vida/sites/default/files/encovi/2016/UCV-UCAB- USB.%20ENCOVI%202016.%20Pobreza.pdf

 

 

 

 

 

económico y bienestar del hogar. Según esas fuentes independientes de información, la pobreza de ingresos en Venezuela habría llegado al 55 por ciento en 2014; al 76 por ciento en 2015, y al

81,8 por ciento en 2016.65

 

En 2016, apenas 28 por ciento de la población se beneficia de algún programa social, mientras que 70,8 por ciento es excluida. Esta situación es particularmente crítica en las ciudades principales del país donde apenas 41 por ciento de la población pobre y de bajos ingresos se beneficia  de  programas  sociales.  Por  otra  parte,  el  59  por  ciento  de  los  beneficiarios  de programas sociales no son ni pobres ni de bajos ingresos.66

 

Deben subrayarse también los problemas distributivos generados por los controles de precios, dadas las distorsiones de los mismos en la estructura de precios y, por ende, en el acceso a los bienes esenciales y su impacto en la economía del hogar.

 

La significativa reducción en los niveles de pobreza de ingreso observada durante la primera mitad de la década pasada no se ha sostenido en el tiempo. La reciente crisis económica ha llevado a evidenciar niveles de pobreza superiores a los de finales de los años noventa, por lo que todo el progreso reciente en esta métrica se habría perdido.

 

Esta situación refleja tanto la profundidad de la crisis actual como la ineficacia de los programas sociales existentes. Estos programas no se encuentran adecuadamente focalizados ni cuentan con la cobertura suficiente. Más aún, no han sido capaces de atender las determinantes estructurales de la pobreza o de resguardar el bienestar de los hogares ante shocks exógenos sobre sus ingresos.67

 

Esto concuerda con las observaciones de que el 73 por ciento de la población informó una pérdida de peso media de 8,7 kg durante el año pasado. El colapso total de la red de seguridad social es particularmente preocupante, en vista de la complejidad de las perspectivas fiscales, la inexistencia  de  reformas  oportunas  que  puedan  llevar  a  una  recuperación  económica,  y  la decisión de dar prioridad al cumplimiento del servicio de la deuda, potencialmente insostenible, sobre otros objetivos políticos.

 

Venezuela sufre los efectos de la inflación más elevada del mundo. Como resultado de ello, el Gobierno comenzó a reemplazar los billetes de 100 bolívares en diciembre de 2016. Los venezolanos hacían largas colas ante los bancos para canjear sus billetes de 100 bolívares, que quedarían obsoletos en pocos días. Cuando esos billetes se retiraron de la circulación, los nuevos billetes aún no habían llegado a los bancos ni a los cajeros automáticos y la gente se veía obligada a recurrir a tarjetas de crédito o transferencias bancarias, o trataba de hacer compras con

65 Ibid.

66 ENCOVI 2016,  http://observatoriodeviolencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/UCV-UCAB-USB.-ENCOVI-

2016.-Pobreza.pdf

67 Pobreza, cobertura de las Misiones y necesidades de protección social para la reforma económica de Venezuela, CID Research Fellow & Graduate Student Working Paper No. 74, Luis Pedro España N., José Ramón Morales A.,

Douglas Barrios A, June 2016,  https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/publications/fellow-graduate-student-

working-papers/reforma-economica-venezuela

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