Además, Hinzpeter señaló que hay 96 casos de desaparecidos que han sido oficializados con sus denuncias de presunta desgracia y alrededor de 800.000 damnificados, cifra que contrasta con los dos millones de los que se informó en los primeros días.
Esta es la primera cifra oficial de fallecidos que difunde el nuevo Gobierno de Sebastián Piñera, en el poder desde el 11 de marzo, y que esta semana creó un equipo de seis especialistas para revisar la información proporcionada hasta ahora sobre las víctimas.
El balance de víctimas y el método para contarlas ha variado en las últimas semanas.
El pasado 3 de marzo, el entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende, anunció que las víctimas ascendían a 802, pero cinco días después estableció en 497 el número de fallecidos plenamente identificados hasta el momento.
Ya durante la nueva administración, el director general de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Marcos Vásquez, elevó el miércoles a más de medio millar el número de víctimas mortales identificadas, aunque no precisó la cifra.
Hinzpeter estimó en 200.000 las viviendas destruidas y en 40.000 las escuelas con graves daños estructurales, lo que afecta a un millón de alumnos en todo el país.
En el caso de los desaparecidos, el Gobierno envió ayer al Congreso un proyecto de ley con suma urgencia, con el fin de reducir de un año a 90 días el tiempo que tendrán que esperar sus familiares para declararlos muertos.
El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, explicó que esta medida pretende que los parientes de desaparecidos puedan cobrar sus herencias, recibir los seguros de vida contratados y tramitar las pensiones que correspondan.
El Nacional