Súmate: Gobernadores electos solo deben juramentarse ante consejos legislativos de sus estados

Nota de prensa

La ONG considera que la decisión del CLEZ es nula, ya que no está avalada ni soportada en la Constitución y leyes de la República, por lo cual debe ser desconocida por todos los ciudadanos. Para ello se fundamenta en el artículo 25 de la Constitución que estipula: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.” (Resaltado nuestro)

Súmate advierte a los legisladores estadales del PSUV en el Zulia que con esta decisión de declarar la vacante absoluta del cargo de gobernador de su estado, sin que ello hubiese ocurrido realmente, están desconociendo y burlándose de la soberanía popular expresada en el voto el pasado domingo 15 de octubre que eligió a Juan Pablo Guanipa para el período de cuatro años (2017 – 2021), según los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su sitio web; lo cual podría implicar “responsabilidad penal, civil y administrativa”, tal como prevé el artículo 25 de la Constitución. Además, alerta que cuando se rescate la institucionalidad de la República, estos legisladores estadales del PSUV no podrán argumentar que tomaron esta decisión por órdenes superiores, aunque por todos es sabido que la misma obedece a un capricho personal del Presidente de la República en su afán de otorgarle legitimidad a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que desde su convocatoria, bases comiciales, forma de elección y desempeño es contraria a lo establecido en la Constitución.

En cuanto al juramento al cual se vieron obligados a someterse los otros gobernadores de estado ante la ANC, con el fin de poder asumir sus funciones; la ONG precisa que según la actual Constitución ellos se deben únicamente al pueblo que los eligió, y que es el único que lo puede destituir a través del voto, tal como lo expresa el artículo 5 constitucional: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.” (Resaltado nuestro)

La ONG observa como la ANC está siendo utilizada por el Ejecutivo Nacional y el PSUV para usurpar funciones de los poderes constituidos, en particular del CNE, como ocurrió el jueves 26 del mes en curso cuando convocó a elecciones solo para alcaldes en diciembre próximo, amputando ahora al Poder Municipal, como lo hizo el pasado 12 de agosto con el Poder Estadal; en esta oportunidad transgrediendo lo dispuesto en los artículos 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que indica que el período de estos funcionarios es de cuatro años, y 2, numeral 2, de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estatales y Municipales que establece que las elecciones de alcaldes y concejales deben ser convocadas y efectuadas conjuntamente. Con esta decisión quedan también en el limbo las elecciones para concejales, a quienes se les vence su período en diciembre de este año, ya que fueron elegidos al igual que los alcaldes el pasado 8 de diciembre de 2013, acorde con lo establecido en los artículos 174 y 175 de la Constitución.

Súmate reitera su posición de que la actual ANC es inconstitucional, ya que su convocatoria no fue hecha por el pueblo venezolano, tal como exige el artículo 347 de la Constitución; además de que sus bases comiciales con la cual fue organizada su elección fueron antidemocráticas, y el proceso de elección de sus integrantes fue realizado al margen de la Constitución y las leyes electorales, y también porque quienes la conforman en su totalidad son militantes del PSUV; por lo cual nunca será una institución legal ni idónea para superar la profunda crisis económica, social, política, institucional y ética por la cual atraviesa la República.