Súmate emitió un comunicado en el que se refiere a la salida del aire de RCTV Internacional

   A continuación un comunicado emitido por Súmate en respuesta al segundo cierre de RCTV.

Otra vez. Al gobierno nacional no le bastó con cerrar la señal abierta de RCTV Internacional el pasado 27 de mayo de 2007. Ahora, el sábado 23 de enero de este año, cuando los venezolanos celebramos los 52 años de vida democrática del país, el Gobierno Nacional, a través de CONATEL, ordenó a las empresas de cable sacar de su programación la señal de este canal de televisión por suscripción.

Con este segundo cierre de RCTV Internacional, que afecta también a los canales Ritmo Son, Momentum, América TV, American Network y TV Chile, y que ocurre luego del cese de transmisiones de 32 emisoras de radio y 2 televisoras regionales en agosto de 2009; el Gobierno Nacional viola flagrantemente la Constitución de nuestra República, que consagra en sus artículos 57 y 58 el derecho que tenemos todos los venezolanos a la Libertad de Expresión, como también el derecho a estar informado de forma veraz y oportuna.

Este nuevo cierre de la señal de RCTV Internacional, bajo el argumento de no haber acatado y de no someterse al yugo de las leyes, normas y providencias del Gobierno Nacional, muchas de ellas sobrevenidas, con el fin precisamente de restringir y controlar el derecho a la libertad de expresión; obedece a una penalización del gobierno nacional contra la línea editorial de este medio de comunicación, que no se ha arrodillado a pesar de la presión sobre sus directivos, empleados y anunciantes.

El pasado 22 de diciembre de 2009 el Gobierno Nacional aprobó una normativa bajo la denominación de “Norma Técnica sobre los Servicios de Producción Nacional Audiovisual”, en la que establece diferencias entre los canales por suscripción internacionales y nacionales, discriminando entre ambos tipos de servicio televisivo, lo cual representa otra violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Artículo 21.1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”. Una de estas grandes diferencias tiene que ver con los cortes comerciales, a través de los cuales los canales de televisión privados e independientes pueden subsistir.

De acuerdo con esta norma sobrevenida los canales de suscripción nacionales sólo pueden tener un corte comercial por programa, cuando antes tanto los canales nacionales e internacionales por suscripción podían tener cinco cortes. Además les obliga a someterse a las normas que cumplen las televisoras de señal abierta, entre ellas transmitir las cadenas presidenciales e incluir en su programación la propaganda gubernamental a través de los espacios institucionales.

Cuando este 21 de enero CONATEL calificó a RCTV Internacional como un canal nacional por suscripción, el Ejecutivo Nacional buscaba, al igual que en el primer cierre, que este medio de comunicación cerrara definitivamente sus emisiones. En la primera oportunidad, el canal cumplió con su compromiso laboral con sus trabajadores y su labor de comunicador social dentro y fuera de nuestro país, desarrollándose como un canal de suscripción, ante la imposibilidad de continuar transmitiendo como el canal de señal abierta que el gobierno impidió que siguiera siendo. En esta segunda ocasión, siendo un canal de suscripción con un corte comercial por programa, no podría sobrevivir financieramente ni asumir los costos de producción, servicios y de salarios de sus más de 1.300 empleados.

Con este segundo cierre del Canal RCTV Internacional, el gobierno nacional busca eliminar a los medios de comunicación social que se niegan a doblegarse a sus presiones, impidiéndoles que adviertan ante la opinión pública lo que verdaderamente está ocurriendo en el país, como es el hecho de las crecientes demandas sociales de nuestra población.

Aunque el Gobierno Nacional ha logrado que algunos medios de comunicación social cedan a sus presiones, autocensurándose, filtrando y eliminando de su programación informativa las denuncias sobre los diferentes problemas que sufren los venezolanos, así como las exigencias del pueblo por mejores condiciones de vida, más aún en un año en el que el electorado deberá decidir sus opciones políticas sobre la base del conocimiento de los resultados de la gestión pública de sus autoridades; debemos reconocer a otros medios de comunicación, como RCTV Internacional, que se han mantenido firmes denunciando los problemas de seguridad ciudadana y las demandas por los servicios de luz y agua de la población, así como el clamor por el respeto a derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a un salario justo, a las contrataciones colectivas, a la sindicalización, a la protesta, entre otras exigencias.

Creemos firmemente que todo gobierno democrático, en vez de perseguir y sancionar a periodistas y medios; debe promover la pluralidad de voces y fomentar la discusión pública para que el pueblo pueda formar sus propias opiniones, escoger sobre la base de sus preferencias y, sobretodo, fortalecer la tolerancia como principio de la convivencia. Esto implica que el Gobierno Nacional, como todos los demás Poderes de la República, debería fortalecer los medios existentes y contribuir a que surjan o aparezcan otros, para que haya cada día más espacios de participación ciudadana y más ventanas abiertas a las que podamos acudir todos los venezolanos a expresar lo que sentimos y vivimos en este país, sin importar la ideología, el partido político, la religión que se profesa, la raza o condición social.

Si en Venezuela contáramos con Poderes del Estado realmente independientes, el cierre de RCTV Internacional no habría ocurrido. Es hora de tener una verdadera democracia, que exige además de poderes respetuosos de los mecanismos democráticos, medios de comunicación libres e independientes, porque su fin es permitir el ejercicio del control de la gestión pública en nombre de los ciudadanos.
 

gm / Reporte360