Ortega actualizó la cifra de detenidos luego de que informara a periodistas de 42 detenciones, y de que el pasado lunes anunciara 23 por «todo un conjunto de delitos de la delincuencia organizada», en el marco de un operativo que involucra a 99 fiscales.
Señaló que algunos de los delitos perseguidos son «estafa en sus distintas modalidades, oferta engañosa, asociación para delinquir y usura», y confirmó que entre los detenidos e investigados «hay dueños y accionistas de empresas» dedicadas a la construcción de viviendas.
Agregó que, además de los 46 detenidos, hay 102 solicitudes de búsqueda y detención, al menos una por fuga tramitada ante la policía internacional de la Interpol, y 205 medidas de congelación de cuentas bancarias y de prohibición de enajenar y gravar bienes.
«Es una forma de resarcir el daño ocasionado» a quienes «invirtieron sus ahorros, vendieron sus vehículos, solicitaron sus prestaciones sociales, entre otros esfuerzos, y se encuentran con que no les han entregado las viviendas prometidas, e incluso han perdido el dinero invertido», indicó previamente.
Muchas de las «miles de familias» estafadas «pagaron la totalidad» del monto acordado inicialmente por una vivienda no construida o no concluida, o a la que se le subió el precio, aunque también hay casos de «apropiación de dinero» a cambio de nada, dijo.
En medio de una campaña para afrontar la crisis de vivienda que sufre el país, el presidente venezolano, Hugo Chávez, ha insistido en las últimas semanas en que se perseguirán los delitos relacionados con este sector.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, pidió esta semana que sus miembros «no sean condenados» sin darles la posibilidad de defenderse y explicar por qué incumplieron los acuerdos con los compradores.
«En cualquier estado de derecho existe la presunción de inocencia hasta que se declara la culpabilidad del acusado», dijo a Efe Martini el pasado lunes.