Un salario mínimo solo representa 13 por ciento de la cesta alimentaria. A pesar de que la ley se creó con el fin de proteger el poder de compra, los productos escasean y los precios aumentan
La canasta alimentaria familiar pasó a tener un precio de ocho mil 590 bolívares a 69 mil 868,08 bolívares.
Desde que se implantó la Ley Orgánica de Precios Justos vía habilitante a finales de enero de 2014, el importe de la canasta alimentaria aumentó 713,3 por ciento. Pasó a tener un precio de ocho mil 590 bolívares a 69 mil 868,08 bolívares. Para los analistas, esta es la demostración de que esta orientación de política económica no es efectiva. Pero, contrario a la recomendación, el Gobierno decidió agudizar la práctica desde que publicó la providencia administrativa N.° 070/2015.
En enero de 2014 el salario mínimo establecido en tres mil 270,30 bolívares representaba 38 por ciento del importe de la canasta. Luego de regular los precios y de sancionar a los empresarios, un año y 10 meses más tarde, el sueldo aumentado desde el 1 de noviembre solo es 13 por ciento de la cesta que roza los 70 mil bolívares.
«Eso nos indica que esta orientación de política económica no es efectiva porque estamos viendo cómo los precios se incrementan a una velocidad mucho mayor que los ingresos de la familia, como consecuencia de eso los consumidores venezolanos han visto mermado su poder adquisitivo», afirma Gustavo Machado, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de LUZ.
Gilberto Gudiño Millán, presidente de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del estado Zulia (Ucez), profundiza su preocupación por las repercusiones que el modelo acarrea a los comerciantes. En una visita al mercado popular Santa Rosalía -que fue fiscalizado por la Sundde el sábado pasado- algunos pequeños empresarios le manifestaron que con las ventas supervisadas no habrían logrado recuperar ni 30 por ciento del costo de sus productos.
«Los mercados populares están integrados por pequeños comerciantes y ellos son pueblo y no es atacando al pueblo como vamos a favorecerlo, eso es totalmente inviable. Estamos atacando ya el último eslabón de la cadena que son los mercados populares y es una demostración de que la crisis que está viviendo el país».
Señala además que con el aumento salarial de 30 por ciento que empezó en noviembre, las empresas disminuyeron considerablemente su capacidad de maniobra por sus propios costos operativos sumados a los de otras organizaciones que le prestan servicios.
Multas
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) informó que en la primera semana de noviembre habría ejecutado cuatro mil 233 fiscalizaciones. Las multas a los comerciantes ascendieron a 518 mil 537 unidades tributarias equivalentes a 77 millones 753 mil 500 bolívares. También detuvieron a 23 personas por el incumplimiento a la legislación.
Los operativos son cada vez más frecuentes y enfatizan en los mercados populares. Pero, lejos de ofrecer una solución a los consumidores acarrea mayores problemas. «Mientras no se incentive el diálogo social, trabajadores, empresarios y Gobierno, más allá de las actuaciones de los entes gubernamentales para el consumidor, los bienes y servicios son cada vez más costosos y más escasos», explica el economista Machado.
Los mercados populares están integrados por pequeños comerciantes y ellos son pueblo y no es atacando al pueblo como vamos a favorecerlo»
Gilberto Gudiño Millán. Presidente de la Ucez
fuente.lv