El vicepresidente primero de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y director del diario guatemalteco Prensa Libre, Gonzalo Marroquín, afirmó hoy en declaraciones a periodistas tras una reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el organismo ha dado su “solidaridad” a Zuloaga “desde que empezó la persecución” en su contra.
“Lo que hay en su caso es una persecución. No es un proceso legal como se ha tratado de exponer dentro de Venezuela, sino que se trata de una persecución penal contra alguien que ha mantenido un espacio de libertad de prensa en Venezuela, uno de los pocos que están quedando” en ese país”, señaló Marroquín, que encabezó una comisión de la SIP que se reunió con la CIDH en su sede en Washington.
El caso de Zuloaga fue uno de los temas que la SIP abordó en su reunión de hoy con la relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, la colombiana Catalina Botero, y el secretario ejecutivo del organismo interamericano, el argentino Santiago Canton.
De acuerdo con el director ejecutivo de la SIP, Julio Muñoz, el organismo se reunió hace dos días en Miami con Zuloaga, que es prófugo de la Justicia venezolana.
En dicho encuentro, que se produjo después de que el dueño de Globovisión acudiera el pasado día 8 a la CIDH para denunciar su caso, Zuloaga agradeció a la SIP su apoyo e informó al organismo de su situación y de los pasos que ha dado y que dará para defenderse.
Zuloaga y su hijo del mismo nombre están acusados de los delitos de usura y agavillamiento (asociación para delinquir) por acaparar una veintena de vehículos para luego aumentar los precios de venta.
El dueño de Globovisión ha dicho que no se entregará a la Justicia venezolana y que ha acudido a la CIDH para que “se haga justicia en su caso”, el cual catalogó como una “persecución política que busca silenciar” a su canal “en el ejercicio de la libertad de expresión”, porque emite opiniones críticas contra el Gobierno del presidente Hugo Chávez.
Caracas pidió el 18 de junio a Interpol que dicte una orden de detención internacional contra Zuloaga, y previamente, el día 11, hizo lo propio con la Policía.
La SIP, que celebra mañana en Washington su reunión del Comité Ejecutivo, el máximo órgano de la institución, ha invitado a Zuloaga al encuentro, pero éste aún no ha confirmado su asistencia.
El caso de Zuloaga no fue el único que la SIP trató con la CIDH, con la que abordó sobre todo la situación de la libertad de prensa en Latinoamérica, indicó Marroquín.
“Vemos que hay coincidencias importantes en la preocupación sobre la situación de la libertad de prensa en el continente”, señaló el director de Prensa Libre, quien reconoció la “importancia que tiene la labor de la Relatoría de la CIDH y la lucha del organismo contra la impunidad de los delitos que se comenten contra los periodistas.
En lo que va de año, nueve periodistas han sido asesinados en la región, de acuerdo con la CIDH y la SIP.
“Las cifras de periodistas asesinados han venido incrementándose significativamente en cada uno de los periodos”, afirmó Marroquín, quien dijo que a la SIP también le preocupan las leyes que restringen la libertad de prensa y de expresión porque “siempre derivan en acoso” contra la prensa.
En la reunión, la SIP, que ha presentado ante la CIDH un total de 27 casos de delitos contra comunicadores desde 1997, registró hoy el del periodista del semanario mexicano Zeta, de Tijuana, Francisco Ortiz Franco, asesinado por un grupo de desconocidos en 2004.
EFE