Un informe, con fecha 27 de marzo y que fue elaborado por un equipo de oficiales comandado por la mayor de la Aviación Raynell Martínez, alertó lo que estaba sucediendo con los militares en Cúcuta y fue el primer paso para la investigación que abrió Gustavo Tarre Briceño, canciller de Juan Guaidó, sobre lo que acontecía con las dos personas –Rossana Barrera y Kevin Rojas– designadas para ocuparse de la situación militar en el vecino país.
El informe fue directamente a manos del General de División (Av) Francisco Yánez Rodríguez, quien era hasta ese momento el único alto oficial activo y con cargo que había apoyado a Juan Guaidó públicamente.
El documento incluyó el listado de quiénes eran y dónde estaban cada uno de esos militares. Ahí se determinó que un grupo de esos militares no estaban activos para el 23 de febrero, que algunos tenían problemas de conducta, que algunos venían de Perú, Ecuador, Chile o que estaban en Colombia anteriormente.
Pero también había un diagnóstico del escenario que en ese momento había con los cientos de militares y sus familias, así como de las fallas que se estaban cometiendo, entre ellas la desacertada decisión de nombrar a dos civiles para dirigir militares, sólo por razones políticas y que había serios problemas en lo que a logística y recursos se refiere para los militares que estaban en los diversos refugios.
Rossana Barrera es bastante conocida en Táchira porque trabajó muy estrechamente con Daniel Ceballos, quien llegó a ser alcalde, fue detenido y encarcelado en El Helicoide, hasta que fue liberado después del motín que hubo en ese recinto carcelario.
Militares desalojados del hotel Vasconia Cúcuta
En el informe interno de la mayor Martínez, se lee:
«La percepción y los comentarios manifestados por los refugiados a los oficiales de comando sobre las actuaciones de la ciudadana Rossana Barrera, quien dice ser del entorno cercano a Guaidó, es que ella mantiene una actitud déspota y hostilhacia los refugiados militares. Se han reportado casos en que algunos de ellos se sienten maltratados de palabra por su forma de abordar las novedades. Muchos de los refugiados han notificado que el comportamiento y actitud, tanto del ciudadano Kevin Rojas como de la ciudadana Rossana Barrera, han sido destemplados, sin empatía con la situación especial y delicada de los profesionales militares que han arriesgado su carrera, abandonado a sus familiares del confort, y han terminado en condiciones críticas de habitabilidad y alimentación».
Para la designación de Kevin Rojas y Rossana Barrera como los encargados de los militares en Cúcuta, fue determinante Roberto Marrero, quien era el jefe de despacho de Juan Guaidó y quien está detenido desde el 21 de marzo.
Son muchos los testimonios que dan cuenta de la posición antimilitarista de Marrero, que lo llevó a tener disputas serias con varios oficiales a quien dejaba horas esperando con la promesa de que Guaidó los iba a recibir, para después ser Marrero quien les dijera algo intrascendente.
Hay generales que manifiestan cómo Marrero les dijo que «el presidente necesita gente joven a su alrededor, además de que los militares no son bien vistos».
Al principio había reuniones conjuntas, en Bogotá, entre civiles y oficiales, para fijar estrategias o discutir acciones a seguir, hasta que sin disimulo alguno dejaron de invitarlos y los sacaron de cualquier decisión.
Aunque Guaidó designa en la praxis al general Yánez como jefe militar, en realidad no ha nombrado al alto oficial con la figura formal de Agregado de Defensa de Venezuela con jurisdicción en Colombia ni en ninguna parte. Lo que empezó a funcionar es una especie de Alto Mando Militar con tres generales que trabajan ad honorem y sin nombramiento formal alguno.
El caso de los militares desalojados
A pesar de las advertencias que varios militares en el exterior hicieron sobre los nombramientos de Kevin y Rossana, y lo delicado que era colocar a civiles inexpertos, cuya única trayectoria estaba respaldada por actuaciones políticas, en la relación castrense fueron impuestos.
Entre las denuncias que los militares de Cúcuta le hicieron llegar al equipo militar de Guaidó, está el de una mujer embarazada con un problema de micosis, quien fue trasladada al hospital por el mayor Parra Martínez; pasa el tiempo y no se hace presente ni Barrera ni Rojas para pagar las facturas ni los medicamentos.
También está el caso de una persona con cáncer, que fue trasladada al Hospital y tampoco ellos hacen presencia, por lo que entre los mayores Parra y Roso debieron resolver.
Y el caso más dramático fue el de un sargento a quien se le muere una hija de 9 años en Venezuela, por lo que le piden ayuda a Barrera y Rojas para el pago del entierro y los gastos. «Su respuesta es que ella ya tenía bastante problemas con los vivos». Entre los militares, reunieron dinero para que el sargento pudiera resolver la situación con su hija fallecida. Al otro día Barrera llegó con una pequeña colaboración.
Por esa y otras razones nunca hubo empatía alguna entre los militares con esos dirigentes de Voluntad Popular. «Kevin y Rossana no permitían la relación directa de nosotros con ellos –revela uno de los militares-, teníamos que hacerlo todo a través del teniente de fragata Rawin Joseth Plazas González, que es un militar que está fuera de la Fuerza Armada porque su hermano que también es militar y ahora está en España, había desertado porque estaba investigado en la pérdida de munición del comando al cual estaba adscrito».
«El TF Plazas, que tiene cédula colombiana, siempre nos estaba diciendo que no había dinero, que por eso entregaban los suministros incompletos, que no era culpa de Rossana. Él siempre la estaba encubriendo», revela el oficial.
Plazas vivía, desde hace tiempo, en Cúcuta con su pareja. El 23 de febrero se uniformó y se sumó, como si fuera militar activo, en apoyo a Guaidó y se fue a vivir al Hotel Vasconia, uno de los que sirvió de refugio a los militares que pasaron a territorio colombiano.
La data real de cuantos militares había y dónde estaban la elaboraba Plazas González. Entonces no se explica por qué se pagó una lista de más militares de los que había.
Aunque Kevin Rojas le dijo a sus amigos que está en un cargo en la cancillería de Venezuela en Cúcuta, la verdad es que él y Barrera fueron destituidos el 23 de mayo y no se le ha vuelto a ver en esa dependencia. En el caso de Rossana Barrera se desconoce dónde está pero es solicitada desde hace semanas para que explique lo que investigaron las autoridades colombianas y que fue reportado por Tarre Briceño.
fuente. infobae