El gerente general de activos del Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade), Juan Castillo, quien se encuentra de visita en la región insular, hizo un llamado a todos los interesados, personas naturales y jurídicas, que aún mantienen cuentas o instrumentos de depósitos, facturas, giros contratos o documentos mercantiles por cobrar con los bancos mencionados a que participen en el proceso.
“Deben presentarse entre el 18 de octubre hasta el 05 de noviembre en la antigua sede del Banco del Sol en el hotel Margarita Suites de Porlamar, con toda la documentación que demuestre la existencia de una deuda”, precisó.
Más adelante, Castillo explicó que la documentación será evaluada y clasificada según el orden de prelación establecido en las leyes vigentes.
“En primer lugar se pagarán las acreencias de naturaleza laboral de los trabajadores activos y jubilados de los bancos sujetos a liquidación”, destacó el funcionario de Fogade.
De acuerdo con Castillo, luego se pagarán los títulos y créditos hipotecarios, las cuentas de ahorro y demás instrumentos financieros.
Finalmente se cancelarán las acreencias a favor del Poder Público y de órganos de la administración central y descentralizada.
Juan Castillo explicó que, hasta la fecha, Fogade ha cancelado 75.80% de las garantías de Banpro, lo que equivale a 629.685.039 bolívares y 43.80% de las garantías de Inverunión, equivalente a 11.004.902 bolívares.
“De las seis entidades bancarias en liquidación actualmente, el pasado 07 de octubre culminó el proceso de calificación de acreencias del Banco Real, primera entidad intervenida en último bimestre de 2009″, detalló Castillo.
Dijo que para el 29 de octubre está planificada la recepción de documentos de los depositantes de Baninvest y para el 29 de noviembre se cumplirá con los Bancos Canarias y Del Sol.
“En 45 días hábiles Fogade emitirá las calificaciones aprobadas. El pago de las acreencias se efectúa en la medida de la disponibilidad de activos que tengan los bancos intervenidos”, aclaró.
Las instituciones bancarias fueron intervenidas por el Estado venezolano, en noviembre de 2009, en el caso de Banpro y en abril de 2010 Inverunion, debido a que presentaban problemas deficitarios que hacían imposible su funcionamiento