Las autoridades serbias emitieron en febrero de 2006 una orden de busca y captura internacional contra Karic, sospechoso de malversaciones financieras en detrimento del Estado por valor de más de 40 millones de euros, impago de impuestos e intentos de soborno.
Según fuentes que “Blic” no revela, a finales de la semana pasada las autoridades rusas informaron al Ministerio de Justicia serbio de que la extradición de Karic a Serbia no es posible porque ha recibido el asilo que pidió.
Karic se fugó del país en 2006 a un lugar desconocido, después de que se iniciaran la investigaciones contra él y otros varios miembros de su entonces poderosa familia.
Las denuncias de malversaciones contra Karic y sus familiares y colaboradores fueron presentadas dentro de una investigación de lo que fue la principal compañía de telefonía móvil de Serbia “Mobtel”, de la que ellos eran copropietarios junto con la empresa estatal de telecomunicaciones PTT.
El “imperio” de Karic, que también era propietario de una cadena de televisión, vivió su auge durante la época de Milosevic.
Karic había entrado en la política en 2004, cuando formó su propio partido, el Movimiento Fuerzas de Serbia (PSS), y logró el tercer puesto en las elecciones presidenciales serbias.
Belgrado exige a Moscú desde 2008 la extradición de la viuda y el hijo del fallecido ex presidente serbio Milosevic, ya que pesan contra ellos sendas órdenes de busca y captura de las autoridades judiciales serbias, que les investigan por presunta implicación en contrabando de cigarrillos y otros delitos.
Moscú respondió entonces que Mirjana Markovic y Marko Milosevic no podían ser extraditados al haber “recibido el estatus de refugiados en Rusia”.
La viuda y el hijo de Milosevic solicitaron en 2005 ese estatus, que les fue concedido en marzo de 2006.
Milosevic fue derrocado por las fuerzas políticas reformistas en octubre de 2000, tras una década de gobierno autoritario, y su hijo Marko abandonó el país un día después de su caída.
Markovic se fue de Serbia en febrero de 2003, cuando se abrió contra ella un proceso judicial por malversación de fondos estatales para viviendas.
Vía “EFE”