Rocío San Miguel señaló que algunas empresas privadas podrán ser vigiladas con Ley de Contraloría Social

       La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, señaló que la Ley de Contraloría Social aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional permite que cualquier persona pueda ejercer funciones de vigilancia y esto podría tener efectos retaliativos sobre la sociedad.

San Miguel dijo que, en los términos que está elaborada esta ley, Control Social no acata esta disposición.

Teme que la ley tendrá un efecto devastador en comunidades, que busca generar miedo y la calificó como un goteo de la “Ley Sapo” que no fue aprobada en el pasado.

Indicó que en la Constitución no existe el término contraloría social y teme que las organizaciones no gubernamentales también tenga prohibición de recibir recursos de empresas privadas.