La reunión de este jueves entre el presidente de EE.UU., Barack Obama, y la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, no sirvió para que los partidarios y los contrarios a una reforma migratoria acercaran posiciones, afirmaron expertos consultados.
Durante la reunión de media hora en el Despacho Oval, Obama y Brewer analizaron la polémica ley SB1070 en Arizona, los esfuerzos para resguardar la frontera con México y los pasos en busca de una vía para una reforma migratoria integral.
La reunión no generó sorpresas respecto a la ley que criminaliza a los indocumentados: Obama la cataloga de «mal encaminada», mientras que Brewer la defiende como un mal necesario contra el flujo de drogas, armas y personas en la frontera con México.
Al salir de la reunión, la republicana Brewer repitió la postura de los conservadores: no apoyará la reforma migratoria hasta que no se refuerce la seguridad fronteriza y, de hecho, pidió la construcción de un muro en la frontera entre Arizona y México.
Según la Casa Blanca, Obama destacó los logros de su Gobierno para la protección y seguridad fronteriza, e insistió en que las medidas policiales por sí solas no corregirán el problema actual.
La SB1070, que entrará en vigor el próximo 29 de julio a menos que lo impida un tribunal federal, criminaliza la inmigración ilegal en Arizona y permite que, al detener a alguien por alguna infracción, la policía le pida pruebas de su estatus migratorio.
Jena Baker McNeil, analista de asuntos de seguridad interna de la Fundación Heritage, consideró injusto que se esté «satanizando a Arizona», porque, a su juicio, «el sistema migratorio está roto y el aparato federal no ha hecho lo suficiente para asegurar las fronteras y hacer cumplir las leyes migratorias dentro de EE.UU».
El país no necesita «una amnistía que sólo alentará más inmigración ilegal sino buscar una respuesta que mantenga a esta nación libre, segura, próspera y soberana», agregó.
Según el Centro Hispano Pew, en 2008 había cerca de 500.000 indocumentados en Arizona, de los cuales cerca del 94 por ciento procedía de México. Además, cerca del 10 por ciento de la fuerza laboral de Arizona es indocumentada.
Arizona se considera el epicentro de la lucha contra la inmigración ilegal y varias legislaturas estatales quieren copiar su ley SB1070.
Aunque extraoficialmente una veintena de estados sopesan medidas similares a la SB1070, la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL) da cuenta sólo de cuatro estados -Carolina del Sur, Pensilvania, Rhode Island y Minesota- donde se han presentado formalmente medidas contra los indocumentados.
«Dudo que la reunión produzca resultados. Lo más probable es que el Congreso reactive el debate migratorio hasta el próximo año, después de las elecciones legislativas», dijo Anne Morse, analista de NCSL.
El problema, añadió, es que EE.UU. no ha modificado el sistema migratorio desde 1986, cuando el entonces presidente Ronald Reagan promulgó una amnistía para cerca de tres millones de indocumentados.
Morse consideró que, si bien la inmigración siempre ha figurado entre los diez temas de envergadura nacional, el déficit, la economía y creación de empleos dominarán de cara a los comicios legislativos del próximo 2 de noviembre.
Los partidarios de la SB1070 aseguran que la violencia se ha incrementado en la frontera, pero un informe preliminar de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) indica que la tasa de criminalidad ha bajado en todo EE.UU. por tercer año consecutivo.
aj / Reporte360
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