El ex gobernador de Sucre, asistido por su abogado Alberto Teriús Figuera, fundamentó en el escrito consignado que la Contraloría que la medida, publicada en Gaceta Oficial No. 39.430 del 24 de mayo, por no haber consignado supuestamente su declaración jurada al término de su gestión, viola su derecho a la defensa y al debido proceso, contemplado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así reseña el diario El Universal.
En el texto señaló que no podía imponer la sanción sin antes haber iniciado un procedimiento constituido por las fases de iniciación, sustanciación, decisión y eficacia, para comprobar si existían los elementos para la inhabilitación. Además Martínez nunca fue notificado.
Martínez solicitó que se deje sin efecto la sanción y se le restituya el goce de sus derechos ciudadanos.
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