El documento responde la incógnita sobre el procedimiento legal que utilizará el Gobierno para intervenir los urbanismos cuyos constructores fueron acusados de cobrar el índice de precios al consumidor y de retrasar obras. En el texto se asegura que la disposición está destinada exclusivamente a terminar las obras y entregar las viviendas a quienes las compraron en preventa.
Cada uno de los cinco decretos indica en su primer artículo que la adquisición forzosa de los conjuntos residenciales tiene por finalidad «la culminación de las obras civiles y el otorgamiento de la propiedad de las viviendas unifamiliares» a quienes las adquirieron. Los bienes expropiados pasarán libres de gravamen al patrimonio público, a través del Ministerio de Vivienda y Hábitat, que queda con la responsabilidad de terminar la construcción de los desarrollos.
Igualmente, se señala que se respetarán los contratos celebrados bajo cualquier forma o modalidad y se establece que la medida de expropiación no afectará los derechos de quienes hayan efectuado la protocolización de los contratos de compra-venta antes de la publicación de la medida.
Los decretos, sin embargo, dejan abierta la pregunta sobre el tiempo que se tardará el Ministerio de Vivienda y Hábitat en terminar la construcción de los cinco conjuntos residenciales y en entregar las viviendas a los compradores.
A favor y en contra. La publicación de los decretos generó reacciones de los compradores de los inmuebles afectados. Frente a las puertas de la oficina de ventas del conjunto residencial El Encantado, en Macaracuay, se congregaba, ayer en la tarde, un grupo de personas preocupadas.
Los vecinos esperaban respuestas de Indepabis. Joy Bilbao, propietaria de un apartamento de la segunda etapa, dijo que les informaron que una comisión del organismo llegaría a las 2:00 pm, pero a las 5:00 pm todavía no se había presentado ningún funcionario.
Los que se encontraban allí se preguntaban cuál sería su situación después de la medida. Reinaba la incertidumbre.
«No hemos recibido respuestas de nadie», afirmó Bilbao.
Agregó que aunque están de acuerdo con la supervisión, preferirían que la constructora termine los trabajos.
Yosmar Córdova, otra vecina, aseguró que hubo una consulta la semana pasada en la que se estableció que más de 90% estaba en contra de la medida de expropiación. Indicó que el problema se ha convertido en un asunto político. Dijo que, a pesar de lo que se diga, ellos se apegan a las decisiones del Gobierno y eso se demuestra porque, incluso, crearán un consejo comunal. «El problema es que estamos en incertidumbre. Nuestro sueño ahora dejó de ser tranquilo».
En El Encantado hay opiniones encontradas. Los miembros de la Sala Situacional tienen otra posición. Juan Carlos Monte, que también es vocero de la junta administrativa que se instaló esta semana, aseguró que apoya firmemente toda medida que garantice el derecho a la vivienda. «La constructora ha abusado. Han hecho reuniones paralelas con un grupo de propietarios y les han exigido pagos adicionales. Ellos mismos obligaron a que se tomaran medidas».
Janeth Serrano, propietaria de la segunda etapa, debió recibir su vivienda en enero de 2009, de acuerdo con el contrato que firmó en julio de 2007, pero aún no se ha concretado el procedimiento. Dice que tiene plena confianza en las entregas de los apartamentos después de la decisión: «Se está expropiando a la constructora, no a los propietarios. Lo que están haciendo es protegiendo mi inmueble».
En Lomas de La Hacienda, en Valencia, los propietarios sostuvieron ayer reuniones en la sede de la 41 Brigada Blindada, para acordar las medidas que tomarán en la fase de entrega de las viviendas que están listas para ser habitadas en ese urbanismo.
Hace pocos días funcionarios del Indepabis intentaron entregar las residencias, pero los adquirientes se percataron de que no se respetaba la numeración establecida de acuerdo con la fecha de compra de las casas, por lo cual no aceptaron.
Es decir, intentaron entregar el número 900 de la lista sin que quienes le antecedían tuvieran su llave en mano, indicaron.
Los propietarios señalaron que temen ser víctimas de un fraude en el que estarían involucrados los funcionarios.
Harán un censo para que se sepa el estatus de cada comprador, cuánto han cancelado y cuál es el monto que falta por pagar.
Fuera del decreto. El Encantado Humboldt estaba en la lista original de conjuntos residenciales que iban a ser expropiados, pero en la Gaceta Oficial 39.553 no apareció su nombre.
Adriana Virgüez, propietaria y vocera de esas residencias, dice que están tranquilos. «La decisión es correcta porque no se presentaba ninguna irregularidad. La obra nunca se paralizó y el cobro del Índice de Precios al Consumidor se hizo en el momento correcto. Esa medida era injusta y por eso nosotros nos manifestamos desde el comienzo. Seguramente en el Indepabis se dieron cuenta de que no entrábamos en ese grupo, porque las tres etapas ya están listas».
Aseguró que siente tristeza por los propietarios de los otros conjuntos en los que se ratificó la expropiación. Ahora, dijo, el consejo comunal de esta residencia seguirá trabajando para que se terminen los trabajos de vialidad y servicios básicos que hacen falta.