El procurador general de la República, Reinaldo Muñoz, alertó este sábado que la juramentación e incorporación a la Asamblea Nacional (AN) de los diputados por el estado Amazonas Julio Ygarza, Nirma Guaruya y Romel Guzamana constituye una acción inconstitucional y antijurídica, por lo que instó al Poder Legislativo a rectificar este hecho para garantizar el respeto al estado de derecho y a la constitucionalidad de la nación.
“La Asamblea Nacional ha generado una situación absolutamente inconstitucional y antijurídica que no puede ser reconocida ni avalada por los órganos y entes de la Administración Pública. Ni puede pretender ese órgano legislativo legitimidad, juridicidad o legalidad alguna respecto de sus actuaciones, hasta tanto corrija la situación infringida y retorne a la constitucionalidad”, expresó desde la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), en Caracas.
“El desacato a una orden judicial acarrea responsabilidad penal y civil que no puede ser evadida invocando la inmunidad otorgada por una investidura circunstancial”, agregó.
El pasado jueves la AN procedió a la juramentación e incorporación de estos diputados con el único fundamento que, tras seis meses de decretada una medida cautelar, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha dictado sentencia definitiva en el recurso contencioso electoral interpuesto contra el proceso electoral en el estado Amazonas.
Este argumento, señaló el Procurador Muñoz, “no tiene asidero alguno en el mundo jurídico, sugiere un franco desprecio por la constitucionalidad del estado y denota preocupantes visos de autoritarismo en la conducción del Legislativo Nacional”.
“Nunca en la historia republicana de Venezuela, ni aún en tiempos de dictadura, un órgano del poder público, en franca violación del ordenamiento jurídico, ha obstruido tan descaradamente el libre desenvolvimiento de la justicia en nuestro país, pretendiendo la inserción de ciudadanos no electos válidamente como miembros activos del parlamento, a pesar de los procesos judiciales a los cuales han sido sometidos los comicios en esas entidades por presunto fraude electoral. Con estas írritas actuaciones la Asamblea Nacional se encuentra ahora ilegal e ilegítimamente constituida”, recalcó.
Igualmente, reiteró el compromiso de la Procuraduría General en garantizar la constitucionalidad de la nación y proteger los derechos del pueblo venezolano.
“La Procuraduría General de la República se mantendrá vigilante en defensa de la constitucionalidad, la legalidad y la protección de los derechos del Pueblo, en el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, fiel a los principios y valores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, acotó.