«Desde ayer los presos del (penal) Rodeo II metieron al director de la cárcel y a otras autoridades en la torre de reclusión para solicitar que se haga un despistaje (examen de descarte de la enfermedad) de tuberculosis a todos los internos», informó a Efe el director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado.
De acuerdo con Prado, la protesta de los internos se inició después de que un preso portador de la enfermedad fuera trasladado a otra cárcel y después de unos días devuelto nuevamente al penal de origen, sin recibir el tratamiento médico correspondiente.
El viceministro de Interior, Edwin Rojas, confirmó hoy a los periodistas la situación y señaló que el Gobierno no puede dialogar «mientras estén estas personas secuestradas».
El Ejecutivo «no está de acuerdo con este tipo de acciones y no podemos permitirlas», agregó Rojas, quien se trasladó al Rodeo II, a 25 kilómetros de Caracas, con un grupo de médicos «con la idea de hacer despistajes».
Explicó que el traslado del recluso con tuberculosis a otro penal se debió a que la otra cárcel posee mejores instalaciones médicas y no a un castigo.
María Torrilla, vocera de los familiares de los internos, dijo a la emisora Unión Radio que los reclusos culminarán la protesta cuando el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, se presente en el penal y ellos puedan comentarle, directamente, sus necesidades.
«Ellos piden salud, médicos que los evalúen a todos, porque dos personas murieron de tuberculosis, hay otro hospitalizado y uno que había sido trasladado a otro penal», informó Torrilla.
Según Prado, «los presos están cansados de la falta de atención médica, del maltrato, del retardo procesal», y recordó que recientemente se han producido protestas «extremas» en los penales de Vista Hermosa (sureste) y el Dorado (sur).
El pasado 13 de abril más de un centenar de presos de la cárcel Vista Hermosa, en el estado Bolívar, inició una «huelga de sangre» para exigir el regreso de un recluso que había sido trasladado a otro penal, así como atención médica para los internos.
El Gobierno venezolano ha afirmado su intención de transformar «radicalmente» el sistema penitenciario, para lo que presentó a principios de mes un nuevo código penitenciario que fue aprobado en la Asamblea Nacional por unanimidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho repetidos llamados a las autoridades venezolanas para que tomen medidas que garanticen la seguridad en las cárceles.