Morales, en su condición de presidenta del Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena, desechó la demanda por traición a la patria que Guillermo Morena y Gustavo Alcalá presentaron en marzo de 2008 contra el jefe de Estado.
En su escrito, los accionantes aseguraron que el mandatario estuvo a punto de provocar una guerra con Colombia, cuando en marzo de ese año ordenó el cierre de la embajada venezolana en Bogotá y ordenó el envío de 10 batallones de tanques y de los aviones cazabombarderos Sukhoi hacia la frontera.
La orden presidencial, ofrecida en un programa Aló Presidente, fue en respuesta al ataque colombiano contra un campamento de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se hallaba en Ecuador.
Morena y Alcalá justificaron su petición alegando que un eventual conflicto bélico con Colombia los afectaría. No obstante, en el fallo redactado por Morales replicó: “El daño que pudiera generar los hechos imputados no afecta de manera inmediata o directa a los querellantes”.
Con respecto al delito que le imputaban los demandantes, el máximo juzgado señaló que ellos no entregaron pruebas que indicaran que el mandatario incurrió en el mismo. Además dejó en claro que el presidente Chávez no incurrió en dicho delito cuando ordenó la movilización de tropas y el cierre de la embajada en Colombia, pues indicó que solo comete traición a la patria quien en “lugar de defender (a la Nación) la traiciona ejecutando actos hostiles contra otro país, exponiéndola a peligro de guerra, con todas sus calamidades y secuelas destructivas”.
Otra demanda a la papelera
El pasado 1 de julio también la presidenta del TSJ desestimó otra querella presentada Rafael Montserrat contra el mandatario y los integrantes de los poderes Judicial, Legislativo, Ciudadano y Electoral, por la manera como fueron nombrados los miembros del máximo juzgado, el defensor, el fiscal y el contralor en el año 2000.
Montserrat aseguró que la manera como se designó a los magistrados y a los miembros del Consejo Moral Republicano violó lo establecido en la Constitución.
Una década después de consignado el escrito, el máximo juzgado lo rechazó alegando, entre otras cosas, que el accionante no presentó pruebas para procesar a los funcionarios señalados por él. Asimismo Morales, en su fallo, condenó al demandante a pagar una multa de 100 unidades tributarias, pidió al Colegio de Abogados de Caracas que lo someta a proceso disciplinario y le envió copia de la resolución al Presidente para que este decidiera si actuaba contra su acusador.
El Universal