Se conoció que Arévalo Vera es jubilado de Pequiven y es presidente de la Asociación Deportiva de Tiro Práctico del Zulia y del Polígono de Maracaibo. «Él es un señor sano. Lleva más de 40 años vinculado a las prácticas de tiro. Su detención es injusta», señalaron conocidos de Arévalo Vera.
La pareja está siendo custodiada por funcionarios del Destacamento 111 de la Guardia Nacional Bolivariana.
El caso
En un edificio residencial en el sector La Lago, de Maracaibo, funcionó, hasta el jueves, una fábrica clandestina de municiones y taller de reparación de armas de fuego.
En el apartamento 1B del edificio El Molino, en la calle 73, entre avenidas 3G y 3H, estaban escondidas las máquinas artesanales con las que recargaban de pólvora las balas, informó ayer el mayor general César Vega González, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental (Redi).
La noche del jueves fue desmantelado el taller ilegal. A las 8:00 pm, una comisión de la GNB allanó el lugar. La cuadra fue completamente militarizada, por más de dos horas, mientras duró el procedimiento.
Del edificio fue sacada arrestada la pareja de esposos dueños de la fábrica. Adolfo Antonio Arévalo Vera y Alcira Belén García Rincón quedaron aprehendidos por tráfico y fabricación de municiones, ocultamiento de armas y piezas de armas de fuego.
La pareja residía en el apartamento alquilado desde hace más de seis años. Durante ese tiempo, se presume que operó la fábrica.
Los militares se llevaron del lugar del inmueble suficiente armamento como para abastecer a más de 20 bandas delictivas, a decir de los cuerpos de seguridad del estado Zulia.
En el lugar se incautó tres armas de fuego tipo pistola, una escopeta, 12.210 ojivas para recargas, 4.610 cartuchos de diferentes calibres, 5.650 casquillos de bala, 18 cargadores de diferentes calibres, tres conjuntos móviles, dos cañones, tres máquinas de dilón para recarga, una roleadora de conchas y tres kilogramos de pólvora.
También se decomisaron 140 mil bolívares en efectivo, producto de la venta de las balas y un vehículo. Todo fue llevado hasta la sede del Comando regional número 11 para posteriormente ser destruido.
“Gracias a labores de inteligencia con la ayuda de los vecinos y las comunidades se logró darle un duro golpe a esta organización delictiva, en marco del plan desarme que se ejecuta en todo el país”, señaló el general Manuel Graterol, jefe del comando zona número 11. La fiscalía 13 del MP lleva el caso.
En el apartamento de aproximadamente 150 metros cuadrados, no solo se fabricaban las balas también eran comercializadas, y eso no era secreto para algunos de los vecinos.
José Urdaneta, residente del edificio, contó que era “normal” ver a hombres llegar en vehículos lujosos a comprar balas. “Ese casa era una bomba de tiempo. Si hubiese explotado se habría desencadenado una tragedia. Había mucho temor de denunciarlos por miedo a que tomaran represalias”.