PJ propone que Ley de Desarme incluya mecanismos para que las mujeres entreguen armas de familiares

   El coordinador nacional de Primero Justicia Julio Borges, dijo este domingo que los resultados electorales del pasado 26 de septiembre arrojaron un mensaje contundente: “los venezolanos dieron un mandato muy claro a la Asamblea Nacional, hay que trabajar juntos para resolver los problemas que nos aquejan“.

En este orden de ideas, el dirigente de PJ emplazó a la actual AN a “que convoque a los diputados electos a elaborar una agenda legislativa para estos tres meses y cuya prioridad sea la Ley de Desarme”.

“Luego de pasadas las elecciones, reiteramos nuestra exigencia de discutir cuanto antes una propuesta seria y completa sobre un Plan de Desarme. Exhortamos a la Asamblea Nacional a que el debate se inicie en los próximos días”, dijo Borges.

“No pueden seguir aprobando recursos para comprar de manera desenfrenada juguetes militares, mientras las calles del país se tiñen con la sangre de los venezolanos”, destacó.

En tal sentido, aseguró “queremos obligar a esta Asamblea Nacional a que se siente a discutir con todos los venezolanos, sobre la base de una mayoría soportada en los votos. Emplazo a la diputada Cilia Flores, porque el 26 de septiembre el país se pronunció a favor de un camino mejor, señores del gobierno no lean mal los resultados. Debemos aprovechar bien el tiempo en vez de estar pensando en designar magistrados o en amenazarnos con radicalizar el proceso”.

Plan de Desarme

“La Ley de Desarme es el primer paso obligatorio para tener un plan de seguridad ciudadana y de justicia”, indicó Borges.

El foco de una oferta de desarme debe estar en los mecanismos para reducir de forma significativa y a corto plazo la inmensa cantidad de armas en manos de la población, con estimaciones que van desde 9 hasta 15 millones de armas a nivel nacional.

“Estos mecanismos deben incluir procedimientos que permitan la entrega de armas, como acciones coercitivas que logren decomisar aquellas asociadas a la delincuencia organizada, en particular a los comerciantes de armas ilegales en el país”, explicó el coordinador nacional de la tolda amarilla.

Para garantizar la entrega de armas Primero Justicia propone sustentarla en los familiares cercanos a los portadores, especialmente las mujeres, quienes son las que mayormente sufren al perder a sus parejas, hijos o padres a manos de la violencia.

“Resulta imperativo que existan mecanismos para que madres, hijas, hermanas, abuelas, tías y novias puedan entregar armas en manos de familiares cercanos y hacerlo de forma confidencial, confiable y que además tengan como incentivo, a cambio, la entrega de becas de estudio o de trabajo para sus familiares”, puntualizó.

De igual forma, disponer de mecanismos de denuncia gratuitos y confidenciales que permitan iniciar investigaciones en cuanto a comercializadores de armas y la tenencia ilegal en las comunidades.

“Un caso especial a enfrentar de forma inmediata tiene que ver con los centros penitenciarios que se han convertido en foco para los negociadores de armas ilegales, situación que se traduce en un incremento abrupto en la violencia y criminalidad dentro de nuestras cárceles. Insistimos en que resulta prioritario ubicar y retirar las armas existentes en manos de la población carcelaria”.

Asimismo, Julio Borges cuestionó la ‘entrega indiscriminada’ de armas de guerra a la población civil, como es el caso de las Milicias impulsadas por el Gobierno. “Esto es un total contrasentido a cualquier iniciativa seria de desarme que se implemente en el país”, aseveró.

Otro de los pilares del Plan de Desarme desarrollado por Primero Justicia es la destrucción inmediata y de forma pública de las armas incautadas.

“Todas las armas retiradas, sin excepción, deben ser registradas con sus características fundamentales, como es el caso de su registro balístico o “huella” para cualquier investigación policial posterior y procesos judiciales, e inmediatamente después ser destruidas de forma pública, que se permita la contraloría social por parte de los venezolanos y se evite a toda costa el “reciclaje” y la reventa de esas armas incautadas. No existe justificación alguna para no hacerlo y mantener esas armas almacenadas”.

La propuesta de desarme contempla además el ataque integral a la violencia e impunidad en el país. De allí que el plan debe ser acompañado de políticas intensivas en materia de seguridad ciudadana entre las cuales, la tolda amarilla destaca:

1. Más y mejores policías: Depuración profunda de todos los cuerpos policiales a nivel nacional. “Lamentablemente, una minoría de funcionarios corruptos, que se han convertido en azotes, han convertido a nuestras policías en los organismos que generan mayor desconfianza en la población y que han contribuido al agravamiento de la situación de violencia e inseguridad en el país”.

Borges propone que la depuración vaya acompañada de un incremento significativo del número de funcionarios en 50 mil efectivos adicionales a los 70 mil existentes, así como mejoras en sus condiciones laborales y de vida, entrenamiento y dotación, haciendo énfasis en la tecnificación de los cuerpos policiales de acuerdo con las mejores tecnologías disponibles para el combate del crimen a nivel mundial.

2. Reforma profunda del sistema judicial: triplicar el número de fiscales, tribunales y jueces para reducir de forma significativa la impunidad. Actualmente menos del 10% de los crímenes son procesados y apenas 2% son castigados. “Hay que acabar con el régimen de transitoriedad de jueces y fiscales, realizando una depuración profunda de acuerdo a sus credenciales y no a su afinidad política”.

3. Soporte a las familias víctimas de la violencia: obligar al gobierno a asumir su responsabilidad en esta materia y a proveer el apoyo social y económico necesario para las familias que sufren el flagelo de la violencia, a través de estudios sociales que determinen las necesidades particulares de aquellos casos en que las familias pierden al sustento del hogar, así como ayudas psicológicas e incluso trámites funerarios.

4. Énfasis en la prevención: instauración masiva en todo el país de la Justicia de Paz, desarrollo de programas de recuperación de espacios públicos y el ataque frontal al comercio y consumo de drogas, así como la reforma del sistema penitenciario toda vez que los centros de reclusión se han convertido en “escuelas del delito”, en lugar de contribuir a la transformación y reinserción de quiénes han cometido crímenes.

Finalmente, Borges recordó que la Ley de Desarme es el proyecto bandera de Primero Justicia desde hace muchos años. “La seguridad debe ser asumida como política de Estado y debe ser garantizada para todos por igual”.

Con información de prensa Primero Justicia