Piden a candidatos a la presidencia de colombia rechazar «acciones terroristas»

   Más de 120 organizaciones y personas víctimas de escuchas y seguimientos ilegales por parte de la central de inteligencia de Colombia solicitaron a los candidatos a la Presidencia del país que rechacen de manera pública estas «acciones de terrorismo de Estado, propias de las peores dictaduras».

El documento «Recuperar el Estado de derecho» fue entregado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Bogotá y, de manera simultánea en Washington, al Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos.

En la capital colombiana lo recibió el magistrado Jaime Arrubla, presidente interino de la CSJ, cuyos letrados fueron también espiados, aun en sesiones a puerta cerrada, por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que depende del Ejecutivo.

«Los magistrados (…) agradecemos este gesto de la sociedad civil, que respalda la independencia de los jueces colombianos», declaró Arrubla a las afueras de la sede del alto tribunal.

La CSJ es blanco frecuente de recriminaciones por parte del presidente del país, Álvaro Uribe, que rechaza que el DAS sea responsable, como institución, de las prácticas irregulares.

El presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Jorge Rojas, dijo a periodistas que la visita de las víctimas a la CSJ fue también un gesto de solidaridad con los operadores judiciales.

«Vinimos (…) a expresar toda nuestra solidaridad con la Corte Suprema de Justicia y con la Rama Judicial, su independencia y su autonomía frente a los ataques sistemáticos que han venido produciéndose por parte de altos funcionarios públicos, incluido el presidente de la República«, declaró Rojas.

El titular de Codhes dijo que él, su organización no gubernamental (ONG) y las personas y entidades que suscribieron la proclama tienen como característica principal que han sido objeto de seguimientos ilegales, interceptación de sus comunicaciones e, incluso, de «procedimientos de sabotaje y terrorismo».

«Esto lo consideramos un grave atentado contra el Estado de derecho», agregó Rojas, y apuntó que «aquí se han violado todas las normas y se ha impuesto una suerte de arbitrariedad desde el Estado».

En la proclama, el colectivo de víctimas observó que las investigaciones muestran que las prácticas ilegales del DAS, incluso en el exterior y que comprenden hasta «sabotaje y actos de terrorismo», datan de años.

«Estas acciones de ‘inteligencia ofensiva’ o ‘pasiva’ se hicieron sin orden judicial y estaban orientadas a vigilar, neutralizar o impedir la labor de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional», añade el documento.

Entre los objetivos también estaban «organismos internacionales como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo, embajadas, opositores políticos, periodistas, activistas de paz, sindicalistas y defensores de derechos humanos».

Hubo casos en los que «los agentes de seguridad del Estado siguieron, intimidaron y amenazaron niños y niñas, hijos de los denominados ‘blancos’ de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia», prosigue la proclama, y puntualiza que todo sugiere «una alta responsabilidad política del actual Gobierno».

En este contexto, el colectivo pide un pronunciamiento contra estas prácticas por parte de quienes aspiran a la sucesión de Uribe en la segunda vuelta electoral del próximo día 20.

Son el oficialista Juan Manuel Santos, del Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U, de derecha), el más votado en la comicios del pasado 30 de mayo, y el independiente Antanas Mockus, del Partido Verde.

gm / Reporte360