Phil Gordon, alcalde de Phoenix, la capital de Arizona, «suplicó» al gobierno de EE.UU. que impugne la ley que criminaliza a los indocumentados en ese estado y a la vez reclamó el fin del boicot promovido por grupos que se oponen a esa norma, porque, según dijo, perjudica precisamente a los inmigrantes.
El boicot a los productos y los viajes al estado de Arizona tendrá un efecto dominó y «añade presión contra quienes más están sufriendo: los inmigrantes, los niños y ancianos, y los que estamos ofreciendo servicios a todos», subrayó Gordon, quien hizo su tercera visita a Washington en las últimas semanas.
La ciudad de Phoenix calcula que perderá cerca de 90 millones de dólares debido a la cancelación de eventos y convenciones en los próximos cinco años solo por el rechazo generado por la ley.
Después de que varias organizaciones y ciudades de EE.UU. decretasen un boicot contra Arizona por la ley SB1070, se supo que la organización Network Indígena con sede en Nogales (Sonora, México) ha pedido a los mexicanos que no crucen la frontera este fin de semana para hacer sus compras del otro lado y que la baja en la afluencia de personas ya se ha hecho notar.
Gordon, que hizo una presentación en el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), subrayó que la ley SB1070 que es un error tanto políticamente como para los derechos civiles.
Esa ley «no resguarda la frontera, no hace a las ciudades más seguras, desvía la atención de las autoridades policiales… es una ley errada tanto como política y para los derechos civiles», argumentó Gordon.
«Mi súplica hoy va para el gobierno federal: por favor intercedan pronto. La gente está sufriendo, la gente tiene miedo; no sabemos cómo aplicar esta ley aún si fuese legal, que no lo es», agregó.
La ley SB1070, que ha generado el rechazo de organizaciones de derechos civiles y de la comunidad hispana, además de Gobiernos de América Latina y Europa, entrará en vigor el próximo 29 de julio.
El Departamento de Justicia repitió que continúa revisando los pormenores de la ley y no quiso pronunciarse sobre cuándo anunciará su decisión sobre una posible acción judicial para impedir su entrada en vigor, como reclama Gordon, entre otros.
La SB1070, impulsada por republicanos y grupos conservadores, permite que la policía local detenga a quienes sospeche que se encuentran en Arizona de forma ilegal, y también castiga a quienes los transporten en sus vehículos.
Gordon participó en el foro del CAP junto al alcalde de New Haven (Connecticut), John DeStefano, y Walter Tejada, miembro de la junta directiva del Condado de Arlington (Virginia), quienes presentaron un frente unido contra la SB1070.
Tanto DeStefano como Gordon apoyaron la idea de que la Casa Blanca realice una «cumbre migratoria» para facilitar la búsqueda de consenso sobre cómo corregir el problema de la inmigración ilegal.
«Esto es algo que se tiene que discutir en la Casa Blanca, en los hogares de la nación. Es importante para el resurgimiento de EE.UU. que tengamos políticas de inmigración sanas», manifestó DeStefano.
Según una encuesta divulgada por el Consejo Nacional de La Raza (NCLR) y el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio (SEIU), «el 81 por ciento de los votantes latinos en Arizona se opone a la SB1070» y «más del 85 por ciento» cree que los inmigrantes legales también serán blanco de la policía.
da / Reporte360
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