En su voto salvado el jurista señaló: «No cabe duda al disidente acerca de la naturaleza pública y no íntima del salario de los funcionarios públicos y de su pertenencia al ámbito del derecho a la información de los ciudadanos, en relación con el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública».
Rondón Haaz recordó a sus colegas de la Sala Constitucional que existe una tendencia mundial hacia la difusión de dichos datos como indicador de transparencia de la gestión pública y medio para ejercer la contraloría social, y acto seguido el magistrado mencionó los casos de Chile, Canadá o México, donde existen normas para facilitar a los ciudadanos el acceso a la información pública, incluida las remuneraciones de quienes trabajan para el Estado.
El jueves, la Sala Constitucional rechazó un amparo que Espacio Público interpuso contra la Contraloría General de la República por haberse negado a suministrar las relaciones de sueldos y las declaraciones juradas de quienes laboran allí. En ese mismo fallo la instancia judicial indicó que los ciudadanos deben explicar para qué quieren la información que poseen los organismos públicos.
Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL