El Gobierno nacional afirma que todavía está evaluando el alcance efectivo de las medidas que impiden a Pdvsa obtener contratos con el Gobierno estadounidense; obtener financiamiento para importar y exportar desde Estados Unidos; y obtener licencias de exportación en Estados Unidos.
De acuerdo con fuentes diplomáticas, Venezuela importa unos 16 tipos de bienes petroleros desde territorio norteamericano, sobre todo de seguridad industrial y de equipación para plantas como refinerías.
El canciller Nicolás Maduro dijo que Venezuela podría sustituir esa tecnología sin problemas, pero la realidad es que las especificaciones tecnológicas son bastante particulares para la industria venezolana.
Un club deshonroso
Desde el Congreso de Estados Unidos varios legisladores han reiterado sus llamados al gobierno del presidente Barack Obama para que se radicalice la postura de Washington ante las relaciones políticas y comerciales de Caracas con países como Irán, considerado por Estados Unidos como una amenaza para su propia seguridad.
La más reciente de estas exigencias, hecha por el congresista norteamericano Connie Mack, no pasó inadvertida para el banco HSBC, que en una nota de análisis para los mercados emergentes, explica que los inversionistas han reenfocado su percepción de riesgo hacia la «potencial inclusión de Venezuela en la lista de ‘países que patrocinan el terrorismo’ del departamento de Estado norteamericano», donde figuran Cuba, Irán, Sudán y Siria.
Resalta el informe que esa posibilidad había caído en el olvido, pero ahora ha resurgido.
Para HSBC, «actualmente, no creemos que sean probables ese tipo de severas sanciones»; pero detalla que de ocurrir, Venezuela no podría vender crudo a Estados Unidos (entre 900 mil a 1,2 millones de barriles al día) y ello generaría que Venezuela podría conseguir nuevos mercados para su petróleo, pero con «algunas concesiones en términos de precio, afectando los ingresos por la venta de crudo».
Asimismo, ese proceso de sustitución de mercado no se lograría de inmediato, por lo que «probablemente reduciría la capacidad de Venezuela de afrontar sus compromisos financieros».
Un precio por ‘nacionalizar’
La ‘nacionalización’ de varios de los proyectos de la Faja del Orinoco que operaban empresas transnacionales como ExxonMobil y ConocoPhillips desencadenó procesos de arbitraje ante la Cámara Internacional de Comercio y el Centro para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, que pueden resultar en veredictos que obligan a Venezuela a pagar miles de millones de dólares a las petroleras extranjeras.
Sobre esto, un análisis de la firma Barclays Capital señaló hace un mes que era inminente una decisión que se prevé será desfavorable a Pdvsa, y que la obligaría a cancelar 3.700 millones de dólares a ExxonMobil y otros 9.700 millones de dólares a ConocoPhillips.
Por su parte Pdvsa reconoció públicamente a través de su presidente Rafael Ramírez, que «las aspiraciones de las transnacionales están muy lejos de lo que esperamos se resolverá. Si llegamos a un número que estimamos será mucho menor a 2.500 millones de dólares entre los dos arbitrajes, lo consideraríamos un éxito».