El paro fue convocado por la directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal), que reúne a los 40.000 trabajadores de la justicia colombiana, desde magistrados hasta auxiliares, explicó en entrevista telefónica Fabián Hernández, presidente de Asonal.
Hernández indicó que calculan que en la paralización, participa al menos el 80% de los asociados, salvo los magistrados de las altas cortes.
En las últimas semanas, el presidente Uribe ha formulado duras críticas al Poder Judicial, sin mencionar a un magistrado, juez o fiscal específicamente, por decisiones como la de ordenar el encarcelamiento el 31 de mayo de un ex funcionario vinculado al escándalo de espionaje telefónico y seguimiento a magistrados, periodistas y activistas.
El mandatario también criticó un error de un funcionario de la Fiscalía General al disponer a inicios de mes la apertura de una indagación preliminar al comandante de las fuerzas militares, general Freddy Padilla, por presuntamente incurrir en el delito de concierto para delinquir, en una decisión judicial parte del vasto expediente sobre ejecuciones extrajudiciales.
La Fiscalía aclaró que no hay ninguna investigación abierta a Padilla, y aunque Uribe dijo que esa aclaratoria tranquilizaba, veía con preocupación como “idiotas útiles e inútiles del terrorismo” y “enemigos” de la lucha gubernamental contra grupos armados ilegales, echaban supuestamente mano de argucias jurídicas para minar ese combate.
De acuerdo con el presidente de Asonal, tales frases del mandatario rompen el equilibrio entre los tres poderes, constituyen una “intervención directa” en las investigaciones que llevan funcionarios judiciales y colocan a éstos “en una situación de grave riesgo o peligro” debido a que en medio de conflicto interno del país cualquier sector puede tomar sus propias retaliaciones.
Según Hernández en lo que van del 2010 han muerto dos jueces y el año pasado 14, en crímenes que atribuye a fallos tomados por esos funcionarios.
Pero admitió que hay 9.000 denuncias contra jueces por diferentes irregularidades, desde corrupción administrativa hasta polémicos fallos liberando a narcotraficantes, entre otros.
The Associated Press