Explicó que discuten temas como los mecanismos ilegales a través de los cuales algunas constructoras mantienen el cobro del índice de precios al consumidor (IPC), cuyo alto costo impide que los ciudadanos adquieran una vivienda.
Añadió, en declaraciones a Venezolana de Televisión (VTV), que esta iniciativa forma parte del parlamentarismo social de calle que desarrolla la AN, en función de reformar la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, lo que incluye la revisión de todos los instrumentos legales inherentes al tema del inquilinato.
De allí que también estén atendiendo a todos los sectores organizados en torno a la problemática de la vivienda en alquiler.
“Hemos recogido algunas propuestas y proyectos, y con estos foros públicos las enriqueceremos para llevar a debate en primera discusión el proyecto de ley y someterlo luego a consulta pública”,
Apuntó que este esfuerzo se produce también a la espera de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el IPC, que “si bien es ilegal, aún hay sectores que siguen presionando a los compradores con su cobro”.
Una resolución del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda del año pasado prohíbe el cobro de cuotas adicionales al precio de las viviendas nuevas, basadas en la aplicación del IPC.
Este índice es definido por el Banco Central de Venezuela (BCV) como un indicador estadístico que mide el cambio promedio en los precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo familiar de los habitantes de una determinada localidad, región o país, y se utiliza para el análisis de la inflación.
“ABN”