En principio, los eurodiputados debatirán y votarán sobre el caso concreto de la juez María Lourdes Afiuni, encarcelada por poner en libertad de forma supuestamente irregular a un empresario acusado de estafa.
Algunos grupos, sin embargo, han optado por ampliar el espectro de la sesión y proponen una crítica a la situación política y de libertades que se vive en Venezuela.
Así lo hace, por ejemplo, la propuesta de resolución pactada por el grupo del Partido Popular Europeo (PPE) -el mayor del hemiciclo-, el Liberal, el de los Conservadores y Reformistas y el de los euroescépticos.
El documento, al que no se han sumado los grupos de la izquierda que defenderán sus propios textos, considera que el de Afiuni «no es un caso aislado de ataques del poder político contra el poder judicial» y denuncia el «manifiesto deterioro democrático» en Venezuela.
Los grupos del centro y derecha de la Eurocámara acusan al gobierno de Hugo Chávez de limitar la libertad de prensa y de intimidar y perseguir a la oposición.
Todo ello hace que para Venezuela, la resolución esté «políticamente motivada» y tenga un «tinte electoralista» que busca apoyar a la oposición de cara a los comicios parlamentarios que el país celebrará el próximo 26 de septiembre, según dijo hoy Efe el embajador venezolano en Bélgica y ante la UE, Antonio García.
En su opinión, la iniciativa «forma parte de un ataque permanente de la derecha y extrema derecha del Parlamento Europeo y, en especial, del Partido Popular (PP) español», contra el gobierno de Chávez.
García acusó a estas fuerzas de tratar de «obstaculizar» las buenas relaciones de Venezuela con los países europeos y con las instituciones de la Unión Europea y confió en que el resto de eurodiputados sean «conscientes de ese intento de pervertir nuevamente los mecanismos del Parlamento para un uso político«.
El embajador venezolano explicó que el caso de la jueza Afiuni es «uno más en curso judicial» e insistió en que en Venezuela los poderes públicos son «totalmente independientes».
Además, aseguró que los derechos de la magistrada han sido respetados en todo momento, a pesar de que la resolución que se votará mañana asegura que ha sido objeto de «insultos, amenazas y agresiones verbales y físicas».
Frente a la propuesta de resolución pactada por los liberales y conservadores, la del grupo Socialista -segundo de la cámara- y la del grupo Verde se centran en expresar «preocupación» por la detención de la jueza y pedir a Chávez que sea garante del Estado de derecho.
Mientras, la de la Izquierda Unitaria Europea (GUE) defiende la actuación del gobierno venezolano y reafirma su respeto por la independencia de las instituciones del país.
El resultado de la votación es especialmente difícil de avanzar por la escasa presencia de eurodiputados que se da habitualmente en las sesiones sobre derechos humanos, tradicionalmente el último punto en la agenda de las reuniones de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia).