“La resolución no tiene ninguna legitimidad”, señaló en una conversación con Efe el embajador venezolano en Bélgica y ante la UE, Antonio García, quien aseguró que se trata de una maniobra impulsada sobre todo por el PP español y cargada de “intencionalidad política y electoralista” de cara a los comicios del próximo 26 septiembre en Venezuela.
Un total de 46 eurodiputados dieron su apoyo al texto en Estrasburgo (Francia) -frente a los 20 que votaron en contra y una abstención– convencidos de que el arresto de la jueza constituye una “violación de los derechos personales básicos y una amenaza muy seria a la independencia judicial, un pilar básico del estado de derecho”.
Los grupos del centro y derecha de la Eurocámara también acusan al gobierno de Hugo Chávez de limitar la libertad de prensa y de intimidar y perseguir a la oposición.
El ‘popular’ español Santiago Fisas aseguró durante un debate en el Pleno que no se trata de un caso aislado sino que demuestra “la deriva autocrática y autoritaria de un régimen que bajo la apariencia de elecciones democráticas cierra los medios de comunicación adversos, ordena confiscaciones y arresta a los adversarios políticos, contraviniendo el respeto de los derechos humanos y del estado de derecho”.
“Los derechos humanos son las piedra angular del proceso político” sostuvo el embajador venezolano en referencia a estas acusaciones y garantizó que en su país “hay plena independencia y autonomía de los poderes públicos”.
También negó que la magistrada haya sido objeto de “insultos, amenazas y agresiones verbales y físicas” como afirma la resolución y aseguró que en Venezuela se respetan los derechos de los procesados.
El eurodiputado de ICV Raúl Romeva, por su parte, dijo estar de acuerdo con que se exija el cumplimiento de las garantías judiciales de cualquier proceso, pero aseguró que al aprobar esta resolución se “está utilizando un caso particular para desprestigiar toda una política” y “hacer campaña hacia la oposición” de Venezuela.
En paralelo a esta resolución, pactada por el grupo del Partido Popular Europeo (PPE) -el mayor del hemiciclo-, el Liberal, el de los Conservadores y Reformistas y el de los euroescépticos, se formularon otras propuestas que finalmente no fueron aprobadas.
En concreto, el grupo Socialista -segundo de la cámara- y el grupo Verde presentaron otros textos en los que expresaban su preocupación por la detención de la jueza y pedían a Chávez que garantice el respeto al Estado de derecho.
La Izquierda Unitaria Europea (GUE), por otro lado, defendió la actuación del ejecutivo venezolano y reafirmó su respeto por la independencia de las instituciones del país.
La votación de hoy estuvo marcada por la escasa presencia de eurodiputados, un factor ya habitual en las sesiones sobre derechos humanos, tradicionalmente el último punto en la agenda de las reuniones de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia).
En los últimos años, el PE ya ha censurado en varias ocasiones al gobierno de Chávez por esta vía, como hizo el pasado mes de febrero cuando aprobó así un texto crítico con el cierre del canal de televisión RCTVI.
EFE