La reforma de la Ley Sobre el Delito de Contrabando fue aprobada por la amplia mayoría oficialista en la AN, con el voto negativo de la oposición, integrada por una docena de diputados ex aliados del Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez.
La modificación legal incluyó penas de entre cinco a nueve años para los funcionarios o depositarios que se “apropien, dispongan, consuman o distribuyan las mercancías retenidas o incautadas, o que alteren su entrega a la autoridad competente”.
También prevé entre 10 y 14 años de cárcel para “quien extraiga del territorio nacional y demás espacios geográficos petróleo, combustible, minerales o demás derivados, sin cumplir las formalidades establecidas en las leyes y disposiciones que regulan la materia”.
Se espera que en las próximas horas la mayoría oficialista del Parlamento unicameral apruebe en segunda y definitiva discusión la Ley del Proceso de Transferencia de Competencias y Servicios de los Estados y Municipios al Poder Popular.
La oposición rechaza esa ley con el argumento de que quitará a las gobernaciones y alcaldías potestades y funciones para trasladarlas a las comunas, una figura no prevista en la Constitución vigente desde 1999.
El oficialismo la defiende porque constituye otro paso para “transfirirle el poder al pueblo”, que es “un elemento vital en esta transformación dentro de la sociedad”, dijo este lunes el diputado oficialista Carlos Escarrá.
“La descentralización del poder popular está en construcción, eso es lo que nosotros estamos desarrollando con más fuerza”, añadió, al defender que el proyecto de ley obligue a los gobiernos regionales y municipales a transferir competencias y recursos a los consejos comunales agrupados en las comunas.
NP