Paramilitares presos consideran urgente reforma a ley de desarme en Colombia

Los ultraderechistas detallaron la iniciativa en una carta al secretario general de la OEA, el ex canciller chileno José Miguel Insulza, quien hizo una visita oficial al país del martes al miércoles de esta semana.

El mensaje, fechado en una cárcel de Bogotá, fue divulgado este viernes por un sitio en internet de los paramilitares, cuyos acuerdos con el Gobierno son verificados por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP), instituida por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en enero de 2004.

Este órgano hace seguimiento al proceso de reinserción de los cerca de 31.000 paramilitares que dejaron las armas en virtud del proceso de diálogo con el Ejecutivo del ahora ex presidente Álvaro Uribe.

Es impostergable «la necesidad (…) de reformar la Ley 975, de Justicia y Paz, para que ofrezca seguridad jurídica a los postulados, garantías de satisfacción y reparación a las víctimas, y conocimiento de la verdad a Colombia y el mundo», escribieron los ultraderechistas.

La normativa establece, entre otras cuestiones, penas alternativas de cinco a ocho años, susceptibles de reducción, para responsables de delitos atroces que confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas, que se cuentan por varios centenares de miles.

Según la comisión de presos, esta ley debe ser enmendada «con carácter de urgencia para que no se esterilice en un laberinto sin fin, que vuelva imposible su cumplimiento».

Asimismo, afirmaron que «urge la validación histórica que dé cumplimiento a los acuerdos pactados entre el Gobierno nacional y las Autodefensas Campesinas, de los cuales la MAPP-OEA es testigo y garante de primera mano».

El mensaje lo suscribe el llamado Comité de Presos Políticos de las Autodefensas Desmovilizadas, recluidos en un pabellón exclusivo para ellos en la Penitenciaría Central de la Picota, situada en Bogotá.